Hasta 1993, la política ambiental en municipios como los de Quintana Roo estaba a cargo de un “departamento” en el organigrama de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Un alcalde de la época, José González Zapata, de Benito Juárez, ya vislumbraba que el tema del medio ambiente necesariamente tendría que ser una prioridad a cargo de una dependencia especializada y así ocurrió en los planos municipal y federal, en el que se creó una secretaría de estado especialmente para ese rubro, pero en el nivel estatal hubo un rezago hasta que el gobierno de Roberto Borge creó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
Hasta principios de 1994, cuando surge la reserva de Yumbalam como parte de los compromisos que adquirió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en la Cumbre de la Tierra de ese año en Río de Janeiro, Brasil, en Quintana Roo prácticamente sólo habían tres áreas protegidas: Sian Ka’an, el parque nacional de Tulum y el santuario de las aves de isla Contoy.
A partir de entonces, la cada vez mayor participación de la sociedad civil fue forzando a los gobiernos a la creación de más zonas protegidas y en no pocas ocasiones los movimientos que dieron origen a éstas tenían por objetivo impedir la consolidación de proyectos turísticos polémicos, que amenazaban con por lo menos modificar el ciclo natural en algunas zonas del estado, donde los inversionistas interesados no supieron o no pudieron convencer a la sociedad de las bondades de su plan, si es que las tenían.
Uno de esos casos fue el proyecto del grupo Meliá en Xcacel-Xcacelito, que luego del conflicto que enfrentó a empresarios, ambientalistas y distintos niveles de gobierno en la administración de Joaquín Hendricks Díaz fue decretado santuario de la tortuga marina.
Quintana Roo es único en el país debido a las áreas naturales que alberga su territorio, 17 en total, que abarcan un millón 288 mil hectáreas, el 25% del territorio estatal, donde se protegen vastas zonas selváticas, costas de humedales, caletas, lagunas, pastizales, sabanas, manglares, grutas, cenotes, ríos subterráneos, ojos de agua, gran variedad de flora y fauna y arrecifes coralinos.
Sin embargo, esa “protección” ha quedado en entredicho luego de que se dio a conocer que desde su creación la reserva de Yumbalam, donde se encuentra la isla de Holbox, no cuenta con un plan de manejo, básico para definir qué sí y qué no se puede hacer en su interior. Y así están varias de las áreas protegidas, incluso zonas tan pequeñas como el parque Kabah no cuentan con un plan de manejo y, se supone, que décadas después debería tenerlo en el transcurso de este año.
La carencia de instrumentos legales puede permitir muchas cosas. No solo abusos por parte de desarrolladores, principalmente de aquellos que sólo son ganancias sin importar la sustentabilidad de sus proyectos, sino también chantajes de supuestos grupos de ambientalistas que en aras de la protección del medio ambiente pueden bloquear inversiones responsables. No es el caso de Holbox, por ejemplo.
Hay inversiones importantes que Quintana Roo ha dejado de recibir. No vamos a analizar hoy la calidad de éstas, pero si hubiera leyes, planes de manejo e instituciones ambientales fuertes que definan qué sí y qué no se pueden hacer en áreas protegidas, habría garantías de que se las decisiones que se toman son las idóneas.
No se trata de desarrollar por desarrollar, pero tampoco de impedir el desarrollo a costa de todo. Sin embargo, para conciliar ambas posiciones es necesario que el gobierno termine la tarea inconclusa, de otra forma la protección del medio ambiente sólo será un mero discurso.
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