Como centro de atracción de inversiones, a Quintana Roo ha llegado de todo: empresarios comprometidos con su negocio, pero también con la sociedad que les dio cobijo; defraudadores, depredadores y saqueadores.
En Cancún hubo auténticos monumentos, testigos de la acción abusiva de empresarios que se aprovecharon del destino para defraudar a compradores de desarrollos inmobiliarios, como el condhotel Dunas que, una vez que se resolvió un prolongado juicio, fue demolido para que su lugar fuera ocupado por el hotel Marriot Casa Magna.
Otros desarrolladores que depredaron el medio ambiente fueron perdonados a cambio de “una multita”, como lo dijo alguna vez un funcionario del Fonatur en relación con el centro comercial Plaza Flamingos, donde se rellenó parte de la laguna Nichupté a pesar de que en el proyecto original, construido a fines de los 80 no estaba considerado.
Y siguen llegando proyectos de todo tipo, ¿pero hasta cuándo funcionarios de dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) seguirán siendo permisivos con desarrolladores que sólo se dedican a depredar?
En los meses recientes dos casos transparentan, pintan de cuerpo entero a la Profepa que desde siempre ha estado en la polémica por su tortuguismo, la laxitud de sus acciones en contra de quienes infringen las disposiciones ambientales.
El primer caso es el Dragon Mart. La Profepa dejó correr el tiempo y cuando presionada por legisladores y organismos empresariales a nivel nacional realizó inspecciones para verificar que, efectivamente, el proyecto requería de permisos ambientales, los desarrolladores ya se habían amparado.
Otro caso, el segundo, es el hotel Grand Coral que desarrolla en la Riviera Maya un consorcio español encabezado por Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, investigados por diversas irregularidades financieras en España, incluyendo evasión fiscal y fraude bancario.
Casi tres semanas después de que el ayuntamiento de Solidaridad clausuró las obras por afectación a mangle, la Profepa dio a conocer su propia sanción y resultó que los desarrolladores ya tenían desde 2010 una clausura también por daño ambiental que transgredieron al romper los sellos y continuar trabajando.
¿En cuatro años la Profepa no realizó ninguna inspección adicional en el predio, con los antecedentes de los desarrolladores? ¿Qué habría pasado si la administración de Mauricio Góngora no hubiera actuado responsablemente clausurando la obra y notificando a la Profepa de la destrucción de manglar?
Seguramente continuaría la depredación. ¿Y los verdeecologistas que tienen a su cargo las dependencias ambientales del país? Muy bien, prohibiendo los circos con animales y siendo omisos con empresarios como Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
¿Cuál será el siguiente paso de la Profepa en el Grand Coral? ¿Cuántos años pasarán para que haya otra inspección en el lugar? ¿Qué procederá con el daño ambiental ya perpetrado? ¿La autoridad federal obligará a los desarrolladores a resarcir el daño? ¿Cómo se resarciría el mismo? Quizá obligando a la empresa a retirar el relleno sería una buena opción.
¿O quedará en una “multita”?
Platea
Hace unos días el grupo Sunset anunció un proyecto para recuperar y proteger las playas a lo largo de 3.5 kilómetros de costa que abarca su predio de Tres Ríos. El proyecto incluye acciones de protección al mangle y recuperación de duna costera, mediante técnicas de dragado de arena.
Y es que la erosión de playas ya amenaza la estructura misma de las instalaciones con que cuenta Sunset. La restitución de la duna es un reconocimiento al error que significó su devastación, que ese recurso no se trataba únicamente de un estorboso montón de arena, que la naturaleza lo colocó allí por alguna razón.
¿Aprenderán de eso más desarrolladores? ¿Lo entenderán en la Profepa?
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