PLAYA DEL CARMEN | Fernando Aguileta
Las sanciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a empresarios que promueven desarrollos que atentan contra la ecología no debe quedar sólo en la clausura del Dragon Mart, sin que la dependencia debe seguir contra los hoteleros que siguen viendo a Quintana Roo como el lugar donde resulta negocio cometer ecocidios, y enriquecerse por encima de la ley, afirmó Alejandra Cárdenas Nájera, presidenta del del PRD en Solidaridad.
“Dragon Mart es un proyecto que revivió en 2013 y tuvieron que pasar dos años de una lucha que iniciaron grupos ambientalistas para concretar la que aparentemente es una clausura definitiva, pero durante este tiempo la empresa logró sortear a la ley pagando multas que suman más de los 21 millones de pesos. Así, queda de manifiesto la inoperancia de las autoridades y los niveles de corrupción que se ejercen para evitar que ante la primera denuncia ambiental, se aplicara con rigor la ley”, afirmó Cárdenas Nájera.
Asimismo, dijo que “así como el procurador ambiental Haro Bélchez informó que ya se presentó la denuncia penal ante la PGR por delitos ambientales y violación de uso de suelo, exhorto a que este mismo procedimiento sea llevado a cabo por el ecocidio que cometió el hotel Paradisus”.
“Hoy, en el predio El Tucán, donde se pretendía llevar a cabo el Dragon Mart, se observa un área que ha sido talada y devastada, ¿Cuál va a ser la compensación que la empresa Real State Dragon Mart realice por este daño?, ¿Sólo una multa por cometer delitos contra la biodiversidad, por rellenar humedales?”, cuestionó la presidenta del Comité Ejecutivo del PRD en Solidaridad al tiempo que llamó a resarcir el daño.
Alejandra Cárdenas dijo que ningún proyecto de la envergadura del Dragon Mart, que consideraba una infraestructura de 722 viviendas, 20 naves comerciales y 3 mil locales en 203.83 hectáreas, puede ejecutarse al amparo de la corrupción.
“Hoy se clausura el proyecto, pero no olvidemos que tuvieron que presentarse 10 denuncias ante la autoridad ambiental, y el caso llegó hasta el Congreso de la Unión, además el cinismo de la empresa al incumplir con el pago íntegro de la multa de 21 millones de pesos y evadir las reparaciones impuestas”, concluyó.
