La Secretaría de Gobernación, a través de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), buscará proteger los derechos de 12 millones de niños que viven en México y que tienen entre cero y cinco años, con el objetivo de que cuenten con servicios de salud física, mental y materno-infantil, así como nutrición.
La estrategia pretende de igual forma beneficiar a otros 13 millones de infantes que podrían nacer durante este sexenio.
La ENAPI, próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, impulsará la coordinación y la suma de actores en el tema de la crianza, protección, desarrollo, salud y educación de los menores de edad, especialmente los que tienen entre cero y cinco años.
La estrategia nacional es coordinada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a cargo de Ricardo Bucio Mújica.
Con este esfuerzo se espera que los menores de edad puedan tener servicios de salud física, mental y materno-infantil, así como servicios de nutrición para ellos y sus madres, además de lactancia materna y vacunación.
De la misma manera, se pretende que accedan a una educación inicial preescolar y que las instituciones tengan la capacidad de brindar un cuidado cariñoso y sensible para la primera infancia.
En cuanto a la protección, se impulsará un registro de nacimiento, cuidado especial para una vida libre de violencia y la restitución de derechos.
Por último, también se espera dar a los pequeños cobertura y acceso a programas sociales, espacios y entornos familiares comunitarios y sanos, conciliación de trabajo y familia, y agua y saneamiento.
Con estos esfuerzos, el Sipinna ha establecido que la ENAPI debe ver integralmente las intervenciones que hacen todas las autoridades del país y no sólo las estatales.
En 2019 también se llevaron a cabo otras acciones que ayudarán al fortalecimiento de la defensa de los menores de edad; por ejemplo, se reinstaló el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de crear políticas públicas a nivel nacional.
De igual forma, se crearon leyes para proteger a los menores migrantes y a solicitantes de la condición de refugiado, quienes viajan solos o acompañados por algún familiar.
En este esfuerzo participaron las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR).
Además, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la UNICEF para la ejecución de acciones conjuntas en materia de promoción de los derechos de niños y adolescentes.
