Ciudad de Guatemala.— El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró ayer estado de prevención en dos poblados aledaños a la capital, restringiendo algunos derechos constitucionales y desplegando vastos operativos para hacer frente a las pandillas y el crimen en general.
“Inicia el combate contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión y los grupos organizados en pandillas y maras”, dijo el gobernante, quien asumió el cargo el pasado 14 de enero, en un video en redes sociales.
La medida será aplicada durante seis días en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez, colindantes al oeste con Ciudad de Guatemala, y dispondrá de un contingente de 2 mil policías y militares, detalló la portavoz del Gobierno, Vanessa Funes de Fonseca.
El estado de prevención fue ordenado por un decreto firmado por todos los ministros y publicado en el diario oficial.
“Vamos a perseguir sin descanso, las 24 horas del día, a todos estos criminales que nos han tenido de rodillas”, agregó Giammattei, un médico derechista de 63 años.
Solicitó a la población que ayude a su gestión y que llame a los teléfonos de la policía y del Ministerio Público, “para que tengamos información de parte de ustedes”, y que la gente diga “dónde están las personas que los están amedrentando”.
Bajo el nombre Recuperación y Control 1, la primera operación del gobierno de Giammattei buscará “proteger la vida e integridad de las personas que están siendo amenazadas todos los días”, así como “sus bienes que caen en manos de las personas antisociales que llegan a amenazarlos para que las abandonen”.
De acuerdo con la ley de orden público, el estado de prevención permite militarizar los servicios públicos e intervenir los prestados por empresas particulares, limitar la celebración de reuniones al aire libre, disolver por la fuerza todo grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin autorización, así como prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en determinados lugares y el uso y portación de armas de fuego.
Un fotógrafo de la AFP observó el registro de automóviles y autobuses en las calles por policías, algunos usando perros entrenados. También apreció la circulación de autopatrullas y el sobrevuelo de un helicóptero de las fuerzas de seguridad en Mixco.
La fiscalía informó que realizaba allanamientos en residencias, mientras que soldados patrullaban zonas boscosas.
Mixco es uno de los municipios más golpeados por las extorsiones a comercios y transporte por las pandillas, a las que el presidente Giammattei busca declarar como organizaciones terroristas.
Según datos oficiales, la mitad de las 3 mil 500 muertes violentas que se registran cada año en Guatemala están vinculadas a actividades del narcotráfico y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dedicadas a la extorsión y el sicariato.
Datos de la policía indican que 2019 cerró con una tasa de 23.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en la última década, con 3.578 muertes violentas.
El promedio mundial es de 6.1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con cifras de 2017 del Banco Mundial.
Giammattei señaló que las operaciones de seguridad en Mixco y San Juan Sacatepéquez también buscarán desarticular una red de extranjeros que otorgan préstamos y que ha sido denunciada por recurrir a la violencia y los homicidios.
Añadió que las acciones se realizarán en otras regiones.
El humanitario Grupo de Apoyo Mutuo demandó al gobierno concentrar las acciones para “desbaratar a los grupos delincuenciales”, respetando los derechos “a la población trabajadora y honrada”.
El exministro de Gobernación Carlos Menocal sostuvo que la acción del gobernante es acertada porque se busca combatir a las pandillas en los lugares donde tienen control sobre la población.
“Siete de cada 10 guatemaltecos trabajan en la economía informal, este sector ha aumentado y también lo han hecho las extorsiones, especialmente en estos lugares, pero también hay que promover la cultura de denuncia por parte de la población para que se capturen a los miembros de las pandillas”, dijo.
Durante la campaña y en la toma de posesión Giammattei anunció que presentaría al Congreso una iniciativa de ley para declarar a las pandillas como grupos terroristas: “La certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno, pero eso se logrará con seguridad”, indicó en ese entonces.
La propuesta aún no ha sido entregada al Congreso.
Tras 18 años, en marzo de 2018 el ejército dejó de apoyar a la Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana y los soldados fueron enviados a las fronteras.
