Chetumal.- los gobiernos de Bolivia y Argentina estarían coadyuvando con la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República en el aseguramiento de una “narco-avioneta”, dos personas y casi 900 kilos de cocaína, la cual fue cargada en suelo boliviano.
De acuerdo con las primeras investigaciones sobre el aseguramiento de 900 kilos de cocaína en
Mahahual, fueron cargados en Bolivia y serían llevados inicialmente a Cozumel, sólo que al ser descubierto el avión los pilotos se vieron obligados a descender.
Según investigaciones realizadas por autoridades de Argentina, el avión Gulfstream GLF 3 matrícula N18ZL, llegó al aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes la noche del lunes 27, a las 23 horas, permaneció en uno de los hangares hasta minutos antes de las ocho de la mañana del día siguiente y finalmente despegó de dicha terminal aérea.
En ninguna de las revisiones se detectaron irregularidades, es decir, en esos momentos no había droga en el avión, por lo que les permitieron abandonar la terminal aérea de la Provincia de Salta, pese a que los pasajeros resultaron inexistentes.
Se presume que los pilotos “apagaron el Transpoter”, un aparato que emite señales para que las torres de control sepan cuál es la ruta, para poder descender en una pista clandestina en Bolivia, sin ser rastreados, y poder cargar la droga.
La hipótesis se refuerza por el hecho de que los dos pilotos de la nave: Aldo López Matienzo y Miguel Ángel Blásquez Vallejos, son de nacionalidad boliviana.
Conforme a las investigaciones porteñas, se sabe que los dos pilotos han ingresado a dicho país por su actividad profesional y que Blásquez Vallejos conoce el terreno boliviano, ya que trabajó en una aerolínea que cubría la ruta Santa Cruz de la Sierra-Tarija-Salta.
Blásquez Vallejos tiene también problemas con sus documentos migratorios, ya que al menos hay un registro de ingreso al país, como pasajero, por el aeropuerto internacional de Ezeiza, pero ya no registró su salida.
Como se recordará, ese cargamento de drogas supera los 240 millones de pesos en valor, por lo que el gobierno de México consideró importante el golpe a las operaciones de los cárteles de droga involucrados en estos hechos.
