Además de establecer por primera vez el nepotismo como causa de responsabilidad administrativa y al acoso sexual como una falta grave, el documento entregado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé diversas modificaciones a las tareas de los organismos judiciales.
Para ello, se propone modificar siete artículos constitucionales, las leyes de Amparo, de Defensoría Pública y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la creación de las leyes Orgánica del PJF y de Carrera Judicial.
Esto implicaría modificar la forma de generar jurisprudencia, pues hasta hoy para que un criterio sea de aplicación obligatoria para los jueces federales requiere que se emitan cinco sentencias en el mismo sentido y ninguna en contrario para considerarlo como tal.
El documento establece que con la sola emisión de un criterio de la Corte sea suficiente para que tenga carácter de jurisprudencia que se observe a nivel nacional.
También prevé establecer una facultad legal para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designe los jueces que deberán conocer de asuntos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o cuya trascendencia en los temas pueda generar un impacto general, como ocurre con los llamados litigios estratégicos.
Esta facultad ya la ejerce actualmente el CJF mediante acuerdos emitidos por el pleno, como ocurrió con la concentración de los amparos tramitados contra la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía o los que van contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Se plantea la creación de tres contralorías, una para la Corte, otra para el CJF y otra para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se dedicarán a vigilar la evolución patrimonial de los servidores públicos y sustanciar procedimientos administrativos en contra de aquellos que incurran en corrupción.
Se implementarán las medidas tendientes a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción conforme a las recomendaciones que emita el Comité Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y otro cambio es la eliminación de los tribunales unitarios de Circuito y en su lugar se crearán tribunales de apelación que se integrarán por tres magistrados, indica el documento.
