Cancún.- El presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos en la XVI Legislatura, Gustavo Miranda García respondió que se está abierto al diálogo con el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Ayza González después de que éste dijera la víspera estar dispuesto a pedir licencia y hacer lo que sea necesario “hasta ofrendar mi vida, si es preciso” para defender el territorio campechano.
Miranda García apeló a la hermandad que existe entre los campechanos y yucatecos, además de los eventos históricos de hace 100 años, cuando Quintana Roo era territorio, pero al ser declarado estado libre y soberano en 1974, se hizo un nuevo trazo y es cuando pierde hectáreas de terreno que ahora jurídicamente reclama.
“El estado de Campeche está peleando un territorio, más no defendiendo. Tenemos las pruebas, los mapas, desde que Quintana Roo fue territorio y desde que se convirtió en estado constitucional y aun yéndose 100 años atrás sigue habiendo las pruebas”, puntualizó el legislador verdeecologista.
Agregó que como quintanarroense se defenderá el territorio por la vía legal, pues la razón le asiste al estado, pero si es necesario “vamos a dar la vida por el territorio”.
CONTESTA GOBIERNO CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
El 15 de octubre pasado, cuando los tres Poderes del Estado de Quintana Roo, presentaron la contestación de la demanda de la Controversia Constitucional 226/2019, promovida por el Estado de Yucatán.
La Controversia iniciada por el Estado Yucateco, controvierte el Decreto 303 de la XV Legislatura del Estado, mediante la cual se fijaron constitucionalmente los trazos de los límites de la Entidad, en concordancia con el Decreto que crea al Estado de Quintana Roo, del 8 de octubre de 1974.
Para ello se conformó un equipo interinstitucional de trabajo con los Poderes Legislativo y Judicial, a fin de definir la estrategia para la defensa de los límites constitucionales del Estado.
Con esta contestación, la entidad reclama el legítimo reconocimiento de sus límites constitucionalmente establecidos, para garantizar la eficaz acción del Estado en beneficio de los quintanarroenses que habitan en la zona en disputa.
