El Instituto Nacional de Migración (INM) debe informar acerca de los extranjeros que han sido regresados a México provenientes de Estados Unidos, bajo los protocolos de protección a migrantes, entre enero y el 1 de octubre de 2019, informó este domingo el organismo de transparencia de México.
También deberá indicar si los transportes terrestres utilizados con ese fin son de carácter público o privado, y si son del Gobierno o concesionados, así como el número de personas por autobús y los horarios de los traslados.
Además, tendrá que dar detalles sobre la forma en que se realiza el retorno de los extranjeros, para que acudan a su cita de seguimiento de caso en Estados Unidos, apuntó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mediante un comunicado.
La población migrante, con independencia de su situación jurídica, cuenta con el reconocimiento de todos los derechos establecidos en los ordenamientos jurídicos y, consecuentemente, estos deben ser garantizados por el Estado mexicano”, dijo al presentar el asunto el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.
Las personas migrantes cuentan, entre otros derechos, con el derecho a la nacionalidad, al libre tránsito, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la no discriminación y a un alojamiento digno”, enfatizó.
En ese sentido, Monterrey Chepov manifestó que los países de origen, de destino y los de tránsito, deben unir esfuerzos para garantizar un trato digno a los migrantes.
Garantizando, en conjunto, el respeto a los derechos humanos, atendiendo los motivos de solicitud de refugio o las causas humanitarias que plantean y, por supuesto, las causas que originan su desplazamiento, atendiendo el derecho soberano de cada Estado de controlar sus fronteras”, manifestó el comisionado del INAI en la nota.
El exhorto del INAI se dio tras la respuesta del INM a un particular que requirió esos datos, el sujeto obligado (INM), a través de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, dijo “no contar con información alguna”.
Inconforme con la inexistencia, la particular interpuso recurso de revisión ante el INAI y el INM reiteró su respuesta original.
En el análisis del caso, Monterrey Chepov estimó que el INM “no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, toda vez que no turnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas que, por sus facultades y atribuciones, resultan competentes para conocer de lo requerido”.
De hecho, en una búsqueda de información en fuentes de acceso público, el comisionado localizó una licitación pública nacional, que tiene como objeto el “Servicio de Transporte Vía Terrestre de Migrantes Extranjeros Presentados en el INM”, con fecha de vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, con un importe de más de 254 millones de pesos (13,4 millones de dólares), siendo el área requirente en el contrato, la misma Dirección General de Control y Verificación Migratoria.
