El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este jueves con la Fiscalía General de la República (FGR) y Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acuerdo para aclarar caso Ayotzinapa.
“Firmamos un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz, y el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, para trabajar juntos en el propósito de esclarecer y hacer justicia en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. No solo es razón de Estado, sino de nación”, escribió López Obrador en un mensaje en Twitter.
El texto del acuerdo se publicó acompañado por una fotografía de López Obrador con Gertz Manero, Zaldívar, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
El presidente mexicano publicó además el “Convenio de colaboración que celebran el Poder Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República para el esclarecimiento de los hechos del caso Ayotzinapa”
En el citado texto se establecieron tres compromisos.
El primero “realizar y colaborar en todos los actos que resulten necesarios para el debido esclarecimiento de los hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente en el estado de Guerrero, fecha en la que aconteció la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y la muerte de seis personas, incluyendo a tres normalistas mejor conocido como el caso Ayotzinapa”.
La segunda habla de “reparar las violaciones cometidas a los derechos humanos de las víctimas, en concordancia de los principios de un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad a la que tienen derecho todos los mexicanos”.
Y en el tercero se apunta que se “dará seguimiento de manera puntual y permanente al caso Ayotzinapa, para no dejar en el olvido los hechos derivados del mismo, y en su oportunidad hacer del conocimiento de la sociedad la verdad”.
El presidente López Obrador se reunirá con los padres de los estudiantes desaparecidos el próximo el 6 de abril.
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel de las drogas Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial del gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que fueran incinerados los cuerpos y el actual Gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador, reabrió las investigaciones.
