La Fiscalía General de la República (FGR) considera la posibilidad de que los cientos de millones en pesos, dólares y euros, así como en lotes de joyas y diversos objetos de valor, contenidos en 357 cajas aseguradas a la compañía Firts National Segurity en Cancún, queden a disposición del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), anteriormente Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
La disposición de la FGR se deriva del hecho de que la empresa de valores fue asegurada hace 2 años y 8 meses –9 de junio de 2017— y a la fecha no han sido reclamadas las más de 350 cajas, cuyo contenido incluye dinero en efectivo, lotes de alhajas, drogas, armas y hasta lingotes de oro, cuya posesión no ha sido legalmente acreditada por sus propietarios, quienes podrían ser detenidos por ese hecho.
El tiempo transcurrido entre la fecha del aseguramiento de mil 546 cajas, de las cuales fueron reclamadas y devueltas mil 189, causó lo que legalmente se conoce como “abandono”, por lo que pueden ser reclamadas por la Federación.
Sólo resta que continúe el desarrolle del proceso judicial y que el juez de la causa determine la procedencia ilícita de los valores para que queden primero a disposición de la FGR y posteriormente, ésta haga entrega al INDAPE.
Luego de las indagatorias correspondientes, el Juez de Distrito, Alan Güereña Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, conforme a la causa penal 0839/2018, resolvió deslindar a la empresa de varios cargos, pero quedó vinculada a proceso por los delitos de omisión y encubrimiento, dado que el administrador no enteró oportunamente a las autoridades de los manejos ilegales que se llevaban a cabo en cuanto al resguardo de valores, como estaba obligado a hacerlo.
De esa manera, la compañía de seguridad permanece sin operar desde la fecha referida y únicamente dos de los que rentaban esas cajas de seguridad están presos: Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, y Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún.
El primero fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017 y la segunda con dos meses de diferencia, el 9 de agosto de ese mismo año, en Puebla, cuando trataba de visitar a su hijo, preso en ese mismo Estado, también por delitos contra la salud.
Respecto a las cajas que no han sido reclamadas, ni siquiera han podido ser identificados los propietarios, ya que en el transcurso de las investigaciones se descubrió que utilizaron a prestanombres o bien identidades falsas.
