En lo que será la peor crisis de empleo por la pandemia del coronavirus, más de 23 mil servidores públicos se pueden quedar sin aguinaldo este 2020.
Analistas y especialistas empresariales advirtieron que se trata de una prestación de ley que sirve de colchón para miles de familias y hogares de empleados federales para terminar el año, y hoy se hace más necesaria para sortear las políticas de austeridad.
Lo anterior vendrá a ampliar la desventaja en la que se encuentran los funcionarios de alto nivel con sus pares en el sector privado y desincentivará atraer talento hacia la administración pública federal cuando se requiere de personal estratégico para enfrentar la emergencia sanitaria.
Si se toman en cuenta las restricciones de libertad laboral para saltar a la iniciativa privada con los candados hasta por 10 años, los funcionarios se encuentran en el peor de los mundos, destacaron.
Dijeron que si bien la propuesta inicial se replanteó de ser obligatoria a “voluntaria”, lo más seguro es que la mayoría de los empleados de confianza de la Cuarta Transformación se sacrificará, además de los diputados y senadores que se alinearían.
En México hay 6 millones de burócratas, de los cuales 1.5 millones son del ramo federal, y de estos, 26 mil pertenecen al servicio público profesional de carrera.
El director de la carrera de Economía en la Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del Peral, dijo que la medida de eliminar los aguinaldos, aunque se diga que es voluntaria, no tiene precedente.
Refirió que este año el número de plazas laborales en el sector público asciende a un millón 427 mil 193, de los cuales el grupo de mandos medios y superiores afectados puede ser de 23 mil 179.
“Que en una crisis de empleo te vayas sobre las remuneraciones del personal que es estratégico no tiene sentido”, advirtió.
Añadió que se estarían violentando varios ordenamientos legales como las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), de Servidores Públicos, la de Trabajo y la Constitución Política.
También va contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 aprobado por la Cámara de Diputados.
Pérez del Peral dijo que en ese documento se establece que el Presidente tiene derecho a un aguinaldo de 89 mil pesos.
Por su parte, el especialista empresarial, Javier Zepeda, precisó que únicamente los bonos adicionales que reciben los servidores públicos se pueden eliminar, pero los aguinaldos no.
Afirmó que ese tipo de prestaciones permiten conservar las fuentes de empleos y condicionar a renunciar a ellas va en detrimento del mercado formal.
Expuso que la crisis del coronavirus provocará la mayor destrucción de puestos de trabajo, por lo que en vez de quitar prestaciones, debe haber incentivos para mantener la planta productiva.
Zepeda estimó que bajo el impacto de las medidas de distanciamiento social con el cierre de comercios, paros de labores y despidos de personal, la tasa de desempleo puede duplicarse este año, al pasar de 3.7% a más de 7%.
El director general de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Pablo Lezama, coincidió en enfatizar que el aguinaldo es una prestación establecida en la Constitución y en las leyes.
Consideró que si bien a mucha gente le gustaría escuchar que los servidores públicos no tendrán aguinaldo, hay que advertir que es un derecho Constitucional.
