Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la llamada “Ley Bonilla”, y el propio presidente del alto tribunal dijo que el Congreso de Baja California cometió un fraude a la Constitución, por lo que hoy algunos actores políticos se preguntan qué pasará con esos defraudadores.
Qué sucederá con esos 21 diputados locales de la legislatura anterior que avalaron la modificación a la Constitución de Baja California para cambiar de dos a cinco años el mandato del gobernador.
Nos cuentan, por lo pronto que tienen pendiente un juicio político en la Cámara de Diputados, que presentó la bancada del PRD, en la persona de su coordinadora Verónica Juárez, desde el año pasado.
Nos detallan que la fracción del sol azteca hizo esta demanda ante la secretaria General de la Cámara de Diputados y expone como motivos para iniciar el juicio político “los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos como servidores públicos”.
En aquella ocasión el vocero del PRD en San Lázaro, Antonio Ortega Martínez, acusó a todos los legisladores de Baja California de “ser responsables” del acto inconstitucional. “La ley obliga a que se tomen las medidas para dictar una resolución frente a la solicitud de juicio político”.
El pasado mes de agosto, la Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) decidió expulsar por unanimidad de las filas del blanquiazul a los entonces siete diputados locales de Baja California, así como a una presidenta municipal y un síndico por haber avalado la llamada “Ley Bonilla”.
La pelota está en la cancha de Morena quien tiene mayoría en la Cámara de Diputados para ver si les impone juicio político a los 21 legisladores con mayoría panista, y se logra su inhabilitación, que es la mayor sanción que pudiera tener este procedimiento.
