Puebla, 24 de mayo.- Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se hizo del control de los colegios privados, de todos los niveles, en la entidad. La nueva Ley de Educación, aprobada fast track, establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal, además de sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación.
La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.
El rector de la Universidad Anáhuac, José Mata Temoltzin, dijo que tanto el Consorcio Universitario y de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados.
Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es un ataque al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.
Partidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.
Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, aunque la norma no especifica con claridad qué representa este hecho. Se buscó a las autoridades de la Secretaría de Educación de Puebla para conocer su opinión al respecto, pero no hubo respuesta.
