El gobierno de Estados Unidos realizó el martes su primera ejecución federal en casi dos décadas: un hombre que mató a una familia de Arkansas en la década de 1990 como parte de un complot para construir una nación sólo para blancos en el noroeste del país.
La ejecución se hizo pese a la objeción de la familia de las víctimas.
Daniel Lewis Lee, de 47 años, de Yukon, Oklahoma, murió por inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.
“No lo hice”, dijo Lee justo antes de ser ejecutado. “He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino… Están matando a un hombre inocente”.
“Ley y orden”, declaró Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter poco después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de dar vía libre a las ejecuciones.
Las autoridades en la prisión federal de Terre Haute (Indiana) ejecutaron a Daniel Lewis Lee, un exsupremacista blanco condenado en 1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los tres miembros de una familia, cuyos cuerpos arrojó a un lago en Arkansas.
La decisión de seguir adelante con la ejecución, la primera por parte de la Oficina de Prisiones desde 2003, generó un fuerte escrutinio de grupos de derechos civiles y los propios familiares de las víctimas de Lee, que presentaron una demanda para tratar de detenerla, citando el temor por el coronavirus.
Argumentaban que Lee merecía una sentencia de cadena perpetua, no ser ejecutado. Subrayaron que el coacusado de Lee y el presunto cabecilla del grupo, Chevie Kehoe, recibió prisión de por vida.
Los críticos argumentaron que el gobierno estaba creando una urgencia innecesaria, para obtener ganancias políticas, antes de las elecciones de noviembre.
“El gobierno ha estado tratando de presionar por estas ejecuciones a pesar de que persisten muchas preguntas sin respuesta sobre la legalidad de su nuevo protocolo de ejecución”, afirmó Shawn Nolan, uno de los abogados de varios hombres que enfrentan la ejecución federal.
La ejecución de Lee, quien fue declarado muerto a las 8:07 de la mañana, terminó después de una serie de voleas legales que terminaron cuando la Corte Suprema de Estados Unidos intervino el martes temprano en un fallo de 5-4 y permitió seguir adelante, revocando una suspensión decretada antes por una juez de primera instancia.
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo se había negado a bloquear la ejecución de cuatro presos de cárceles federales que están programadas para este mes y para agosto, la primera de ellas la de Daniel Lewis Lee.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó el año pasado al Buró Federal de Prisiones que reanudara el programa de ejecuciones.
La última ejecución federal antes que la de Lewis Lee había tenido lugar en 2003 y actualmente quedan 61 presos condenados a la pena capital por el Gobierno federal, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés).
Entre ellos figuran el condenado por los atentados del maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev; y Dylann Roof, sentenciado a muerte por el asesinato de nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en 2015; aunque ambos se encuentran en el proceso de apelación legal.
La reanudación de la aplicación de la pena capital federal contrasta con la tendencia registrada en Estados Unidos en los últimos años, con la reducción progresiva de las ejecuciones, cada vez más concentradas en los estados conservadores del sur del país.
De hecho, varios estados han abolido recientemente la pena de muerte, hasta llegar a los 22 de los 50 que tiene el país.
El último fue Colorado, que la suspendió en marzo.
Después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara la vuelta de la pena capital a nivel federal, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) criticó la decisión al asegurar que el Departamento de Justicia está “de nuevo en el lado equivocado de la historia”.
“El sistema federal de la pena de muerte no funciona y es racista, inefectivo y cruel (…) y esta decisión nos devuelve el país décadas atrás”, afirmó en un comunicado.
El DPIC, que recopila información sobre la pena de muerte, aseguró que “desde 1973 más de 160 personas que fueron acusadas erróneamente y condenadas a muerte en Estados Unidos han sido posteriormente exoneradas”.
Para esta semana hay programadas otras dos ejecuciones: Wesley Ira Purkey el miércoles y Dustin Lee Honken, el viernes. Una cuarta persona, Keith Dwayne Nelson, será ejecutada en agosto.
