Chetumal, 21 de julio.— A dos años y seis meses del supuesto autoatentado en uno de los barcos de la desaparecida empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S. A. de C.V., mejor conocida como “Barcos Caribe”, las investigaciones permanecen estancadas.
El hecho se suscitó el 21 de febrero de 2018 y presuntamente fue perpetrado por Roberto Borge Martín, padre del ex gobernador Roberto Borge Angulo, quien continúa libre.
De acuerdo con la información obtenida, el padre del ex gobernador fue el autor intelectual y el fin era desviar las investigaciones en torno al lavado de dinero que se hacía desde la empresa naviera.
La explosión arrojó un saldo de 26 personas heridas, entre ellas cinco turistas estadounidenses, como resultado de la explosión.
Por tal hecho se integraron tres carpetas de investigación, una estatal y dos federales, que a la fecha no han servido para esclarecer el caso y detener a los responsables.
Las investigaciones levantaron las sospechas de que los propietarios de la naviera eran los ex gobernadores Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, quienes se valieron de prestanombres, amigos, colaboradores y hasta familiares para ocultar su identidad.
Las indagatorias de las autoridades estrecharon un cerco en torno a la naviera, como uno de los principales puntos utilizados para el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas. Los supuestos dueños urdieron diferentes maniobras para intentar desviar las investigaciones.
Una de ellas fue simular un ataque de la delincuencia organizada, versión que caería por su propio peso al descubrir ciertos movimientos del progenitor del ex gobernador Roberto Borge.
El día de los hechos, miércoles 21 de febrero, se informó del estallido suscitado al filo del mediodía, el cual originó la intervención de bomberos, cuerpos de emergencia médicos, rescatistas y personal de seguridad, que acudieron al Muelle Fiscal de la Terminal Marítima de Playa del Carmen.
Fueron 26 los lesionados, entre ellos cinco turistas norteamericanos, por lo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) solicitó intervenir de inmediato, a la vez que el gobierno estadounidense ordenó la cancelación de cruceros hacia Quintana Roo y que se dieran alertas de viaje para los turistas provenientes de Canadá y Reino Unido.
La Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación 18/2018, pero se declararía incompetente “por razones de jurisdicción y materia”, por lo que la Subdelegación de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, inició la carpeta de investigación FED/QR/PC/0000140/2018.
Posteriormente, se acumularía otra carpeta de investigación, luego de que una persona se presentó una semana después, el 1 de marzo, en la Estación Naval de Cozumel, con un objeto de PVC, cilíndrico, blanco, con unos tubos conectados en su interior a una caja de color negro.
Se trataba de un artefacto explosivo similar al que había sido utilizado en la explosión del Caribe I y entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), ante las anomalías, ordenó el cese de operaciones de la naviera.
