Ginebra.— La decisión de Estados Unidos de anunciar sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, generó preocupación en la ONU y en la propia CPI, que lo consideró “inaceptable”.
Estados Unidos se opone a la pesquisa iniciada por Bensouda, gambiana, de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.
“Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material” a la fiscal en esas investigaciones “también estará sujeta a sanciones”, dijo el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, en conferencia de prensa.
“No toleraremos los intentos ilegítimos de la CPI de poner a los estadounidenses bajo su jurisdicción”, agregó, al anunciar la inclusión en la lista negra de Estados Unidos de Bensouda y de Phakiso Mochochoko, director de la división de Competencia y Cooperación del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.
El tribunal internacional autorizó en marzo abrir una investigación sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad supuestamente cometidos por soldados estadounidense durante la guerra de Afganistán.
La investigación internacional impulsada por Bensouda está dirigida, entre otras cosas, a los abusos presuntamente cometidos por soldados estadounidenses en el país donde Estados Unidos libra la guerra más larga de su historia desde 2001. También se han presentado denuncias de tortura contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El presidente Donald Trump había autorizado en junio sanciones económicas contra funcionarios de la CPI para disuadirlos de llevar ante la justicia a soldados estadounidenses.
En nombre de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU,) su vocero, Stephane Dujarric, dijo que “continuamos siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con este asunto. Analizaremos todas las posibles implicaciones que este acontecimiento pueda tener con respecto a la implementación del acuerdo”, dijo.
La CPI también alzó la voz. “Esos actos coercitivos, dirigidos contra una institución judicial internacional y sus funcionarios, no tienen precedentes y constituyen graves ataques contra la Corte, el sistema de justicia penal internacional” y el “Estado de Derecho en general”, declaró el presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, O-Gon Kwon, quien agregó que ese tipo de medidas “sólo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad de las atrocidades en masa”.
Recordó que el tribunal con sede en La Haya “es complementario a las jurisdicciones nacionales”, es decir, que no intervendría si EU investigase los supuestos crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Afganistán.
O-Gon Kwon hizo un llamado para que los 123 países que forman parte de la corte “reiteren su compromiso” con la institución judicial para que ésta “preserve su integridad sin que se vea intimidada por cualquier medida o amenaza contra la corte y sus funcionarios, su personal y sus familias”.
Balkees Jarrah, de Human Rights Watch (HRW), cuestionó a EU, señalando que su compromiso “con la justicia para las víctimas de los peores crímenes sigue declinando en forma vergonzosa”.
