Cancún, 1 de octubre— El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) y la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) entregaron al Ayuntamiento de Solidaridad un documento con al menos 600 firmas de empresarios y trabajadores que manifiestan rechazo al cierre a la circulación de la avenida 10.
Lenin Amaro Betancourt, dirigente del CCERM, dijo que se trata de una solicitud urgente a la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, sobre la inmediata reapertura al tránsito vehicular de la avenida 10 Norte, las 24 horas, los 7 días de la semana, y no transformar esa avenida en uso exclusivamente peatonal ni en vialidad de tráfico restringido.
Luego de hacer entrega del documento, Amaro Betancourt explicó que el cierre de esa avenida agrava la crisis económica derivada de la pandemia por covid-19 y pone en inminente riesgo de quiebra a los empresarios de la zona afectada, los cuales ya registran bajas adicionales del 70 por ciento en sus ventas luego del mencionado cierre.
Subrayó que esa decisión no se tomó a partir de la solicitud de la comunidad en su conjunto, sino de los intereses de un reducido grupo de personas, además de que no respeta los ordenamientos viales o de desarrollo urbano vigentes, afectando la operatividad de cientos de negocios y poniendo en riesgo de despido a cientos de empleados en Playa del Carmen.
Argumentó que, con la medida unilateral se impide el acceso a potenciales clientes de cientos de negocios y hoteles, dificulta la labor de la cadena de proveeduría y se obstaculizan servicios de recolección de basura y saneamiento.
Agregó que se bloquea la respuesta pronta de servicios de Seguridad Pública, Protección Civil, asistencia a la salud y, además, una importante arteria de comunicación en casos de emergencia o evacuación desde Playacar y se causa desorden vial y uso inapropiado del arroyo vehicular en las calles perpendiculares, poniendo en riesgo la seguridad de ciclistas y peatones.
Asimismo, se citan derechos humanos violentados con esa medida, como el derecho a la seguridad ciudadana, al negar el libre paso de vehículos de la policía y fuerzas armadas, y el derecho a salvaguardar la propiedad, al impedir el libre acceso de bomberos, entre otros.
Por último, Lenin Amaro enfatizó que es obligación de las autoridades proveer todas las facilidades para mantener el flujo de turistas en condiciones de igualdad, para que todos los comerciantes, restaurantes y hoteles puedan reactivarse en la nueva normalidad. (Galu Comunicación).
