Por José M. Ramírez Hernández
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional las evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros…
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional las evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros porque debe prevalecer “el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental de una educación de calidad.”
En el examen Lo ideal hubiera sido que todos los maestros hubieran sido evaluados. Participó solo el 82.7% de los profesores registrados. La evaluación tiene la gran virtud de permitir a los maestros conocer cómo andan de conocimientos, en qué andan atrasados y en qué andan bien. Es un método, sin duda con su dosis de subjetividad, que los coloca en posibilidad de que vía un factor externo saber cómo están y van. No es lo mismo la evaluación que regularmente se hace al final de cada semestre al interior de las escuelas, las cuales pueden estar cargadas de vicios de origen propios del desgaste que pueda presentarse en la relación entre los maestros, que a través de un examen externo medido bajo otros parámetros se evalúe a los profesores. La diferencia además está en que ayuda a tener no sólo un diagnóstico de cómo están los maestros, sino que también se conoce el rumbo que tiene actualmente la educación en el país. Si bien la evaluación es un método que inevitablemente genera preguntas y dudas, es también el mejor instrumento para saber qué hacer en materia de diseño de programas de estudio y dónde se debe apuntalar la formación de los maestros. La evaluación, con todo el rechazo que provoca entre grupos de maestros, ha sido uno de los instrumentos más importantes y estratégicos de la reforma educativa.
Oaxaca y Michoacán se negaron al examen, lo cual significa que en esos estados es imposible recuperar la rectoría del Estado en la educación. Mientras no sean evaluados todos los profesores y todas las entidades se estará incumpliendo un mandato constitucional del Ejecutivo federal, que promulgó las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la General del Servicio Profesional Docente. En los hechos, Oaxaca y Michoacán son estados de excepción para la educación en México.
Esos exámenes deben de realizarse por muchas razones: es un mandato constitucional, la intención de la prueba es altamente positiva pues es la principal forma de empezar a mejorar la educación básica en México, por cierto muy mal ubicada entre los 34 países más desarrollados del orbe, aglutinados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), encargado de la elaboración de las pruebas, solicitó a las autoridades correspondientes hacer lo necesario para garantizar la seguridad de los sustentantes. Y así se hizo.
Los uniformados protegieron a quienes por su propia voluntad y deseo de superación se inscribieron en el proceso, se prepararon previamente y llegaron puntuales a la fecha de los exámenes.
