Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Quintana Roo, aseveró que en la actual administración ya se logró una disminución en los financiamientos vigentes a largo plazo, e incluso, aseguró que al acabar este gobierno habrá una disminución de más de dos mil millones de pesos.
Según dijo, al asumir la administración la deuda ascendía a $19,169 millones, pero a la fecha disminuyó en $229 millones, productos de estrategias implementadas en su reestructuración.
De hecho, recordó que en las últimas tres administraciones con Roberto Borge Angulo (2011-2016), Félix González Canto (2005-2011) y Joaquín Hendricks Díaz (1999-2005) se endeudó al estado por más de 20 mil millones de pesos.
“En la última reestructuración, en marzo pasado, se demostró y entregó al Congreso el resultado la disminución de 229 millones de pesos al estar en $18,940 millones”, destacó al ser entrevistada por Radio Fórmula.
Al explicar cómo está compuesta la deuda pública de Quintana Roo, en esta nueva restructura, hay ocho créditos simples de largo plazo, y uno más en infraestructura y seguridad de los estados, pero este es tasa cero.
“Tenemos una disminución de 19,169 millones a 18,940 millones. De hecho, en esta administración se logrará una disminución de más de dos mil millones de pesos”, señaló y abundó que se liberó el 3.53 % de las participaciones federales,
“Seguiremos pendiente para ver cuáles son las condiciones generales del mercado para buscar las mejores condiciones del costo de deuda, que realmente nos ha afectado desde el inicio de la administración.
Respecto a la solicitud que hizo al gobierno al Congreso para un crédito por $820 millones, dijo que es para potencializar un fondo de recursos federales y no afecta el techo financiamiento neto del estado, de modo que no aumenta la deuda del estado.
“Este recurso se utilizaría concretamente para infraestructura de todo el proyecto federal relacionado con el Tren Maya, aunque aún no se autoriza”, añadió.
Igual explicó que en la construcción del puente Nichupté no generara endeudamiento, pues se realizará mediante una asociación pública privada, es decir, al desarrollarse bajo este esquema el importe no se suma al saldo insoluto de la deuda.
“El sector privado asume los costos de inversión a cambio de una contraprestación que pagará el estado condicionada a la correcta operación del puente, cuya construcción generará 870 empleos directos y 1950 indirectos”, señaló.
La inversión asciende a $4,675 millones, de los cuales, $2,675 millones serán cubiertos por el desarrollador, que es una empresa privada, y dos mil millones a través de un apoyo federal.
“El gobierno devolverá parte del costo del puente a través de las utilidades que deje el mismo, de modo que no aumentará la deuda insoluta del estado”, precisó.
Fuente: Galu Comunicación
