La Fiscalía General de la República (FGR) ha exonerado este jueves al general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El militar volvió a México a mediados de noviembre después de ser acusado por Estados Unidos de cooperar con el clan de narcotraficantes de los Beltrán Leyva. La petición por vía diplomática del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador obligó a Washington a retirarle los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, tan solo un mes después de haber sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre.
La dependencia judicial ha informado esta noche de que después de analizar el caso “se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”, dice en un comunicado. El general Cienfuegos ha quedado en libertad y sin acusaciones en ambos lados de la frontera.
El caso generó un sonoro conflicto entre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Donald Trump. Las autoridades mexicanas se quejaron de no haber sido notificados de la investigación que se le hacía a Cienfuegos. El canciller Marcelo Ebrard llevó el reclamo al embajador Cristopher Landau y al fiscal general William Barr hasta en tres ocasiones exponiendo la “sorpresa” y el descontento”. México amenazó con expulsar a los agentes extranjeros que estuvieran trabajando en casos en territorio nacional y prometió modificar el marco legal para que estos funcionarios de agencias de seguridad fueran más transparentes. Para tranquilizar las aguas, Washington envió mediante una valija diplomática a las autoridades mexicanas 700 páginas de pruebas que cimentaban el caso contra el exjefe del Ejército.
La presión diplomática siguió, alentada por el empuje de López Obrador, quien consideró la detención una afrenta a la soberanía, pero quien también prometió abrir una investigación. La estrategia mexicana rindió frutos y el Departamento de Justicia retiró los cinco cargos ante la completa estupefacción de los jueces federales de Brooklyn, donde iba a desahogarse el proceso. La vuelta de Cienfuegos a México fue vista como una victoria diplomática sin precedentes, pero también una clara amenaza de la impunidad que marca la impartición de justicia en México.
“No lo vemos como un acto de impunidad sino como un acto de respeto a México y a nuestras fuerzas armadas”, afirmó Ebrard a mediados de noviembre. Cuando Cienfuegos volvió a su país, el 18 de noviembre, el Ministerio Público le informó que había abierto una investigación en su contra basándose en las pruebas proporcionadas por la DEA. La Fiscalía informó entonces de la “total disposición” del sospechoso para cooperar con la investigación. A inicios de este año, indica la Fiscalía, Cienfuegos tuvo acceso al expediente de su acusación en Estados Unidos. Desde esa fecha presentó todas las pruebas en su defensa que hoy, y ante la falta de acción penal, lo convierten en un hombre libre sobre el que recaerá siempre una sospecha.
La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, acusó al militar de trabajar con una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva en una investigación iniciada en 2013 y que se mantuvo en secreto de las autoridades mexicanas. El delicado señalamiento contra uno de los hombres más poderosos de la Administración del PRI se basó en la obtención de miles de mensajes de Blackberry interceptados por los agentes estadounidenses entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Washington creía que el narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez, el H-2, contó con la protección de Cienfuegos. El secretario, siempre según la versión de la DEA, evitó, a cambio de sobornos, hacer operativos que lo afectaran. También auxilió a estos delincuentes a expandirse por el Estado de Sinaloa.
La Fiscalía mexicana ha asegurado esta noche que no halló prueba alguna de que Cienfuegos haya utilizado equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo.
Las investigaciones de las autoridades mexicanas también señalan que no existe ningún “dato” o “síntoma” alguno de la “obtención de ingresos ilegales” que hayan aumentado la riqueza del general Cienfuegos “fuera de lo normal”. Estos motivos han llevado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a no emprender ninguna acción penal.
Mientras el exsecretario estuvo detenido en California, su defensa ofreció el pago de una fianza de 750.000 dólares, los ahorros de toda la vida del general según los calificó el abogado, para seguir el proceso en libertad. La decisión fue rechazada por el riesgo de fuga del ex alto cargo. Las autoridades temían que volviera a México. El juez Alexander MacKinnon consideró que sería fácil para una persona con sus conexiones políticas evadir la justicia.
