Con la autorización del gobierno federal para que los Estados y la iniciativa privada puedan adquirir la vacuna contra el COVID-19, se abre la posibilidad para acelerar el proceso de vacunación y permitir una más rápida reactivación económica y recuperación turística de Quintana Roo, consideró la Comisión de Salud del Congreso del Estado.
El diputado Edgar Gasca Arceo, en su calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura, dijo que con el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador también se termina ese falso discurso y golpeteo político de la oposición, que ha acusado al gobierno federal de querer crear un monopolio y usar la estrategia de vacunación para supuestos fines electoreros.
“Ahora ya no hay excusas, ya no hay pretextos, lo único que queda es que los gobiernos estatales se sumen y cooperen con la estrategia de vacunación, que finalmente era lo que pedían”, señaló el legislador.
Mencionó que se trata de una muy buena noticia para Quintana Roo, pues distintos gobiernos estatales ya habían sugerido al gobierno federal que se les permita comprar y aplicar vacunas contra el COVID-19.
Gasca Arceo dijo que desde el Congreso del Estado solicitarán establecer un canal de comunicación y coordinación con la Secretaría de Salud (SESA), para la observancia y control en la adquisición de las vacunas.
Finalmente, consideró que no debe haber impedimentos para que esto se haga, ya que este año la XVI Legislatura aprobó un mayor presupuesto a los servicios estatales de Salud, precisamente para que la pandemia del COVID-19 pueda atenderse de manera correcta.
En el pasado 2020 el sector salud contó con un presupuesto de 3 mil 200.8 millones de pesos, divididos en 85.6 millones para la SESA y 3 mil 115.2 millones para los Servicios Estatales de Salud.
Para el presente ejercicio fiscal 2021, al sector salud se le autorizó un incremento presupuestal de casi mil millones de pesos, quedando en 4 mil 173.1 millones, de los cuales 89.7 millones fueron asignados a la SESA y 4 mil 83.3 millones a los Servicios Estatales de Salud.
