Un escándalo que desde 2016 involucró a Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, y a José Luis Carlos Santos Ramírez, ex titular de la delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, que también “salpicó” a familiares de la senadora quintanarroense Freyda Marybel Villegas Canché, volvió a primer plano al ser denunciado nuevamente el 19 de enero pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En sendas denuncias presentadas ante María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, María Araceli Andrade Tolama denuncia, con base en un interés legítimo, que “al ver que se está haciendo un daño al patrimonio de la nación, de todos los mexicanos y mexicanas” y responsabiliza al ex presidente Enrique Peña Nieto, a la senadora Villegas Canché, su esposo Jorge Gilberto Parra Moguel y su hermano Javier Raymundo Villegas Canché y a Santos Ramírez.
Ya en 2016, Daniel Ávila Ruiz, entonces senador del PAN, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por desvío de recursos y tráfico de influencias contra Guillermo Molina y Santos Ramírez, involucrados en la adquisición ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Mérida, en los que se construye una fábrica de la Cervecería Modelo.
La demanda expuso la presunta colusión a varios ciudadanos, incluido Manuel Alberto Guillermo Molina, hermano de Juan Pablo, quien tenía bajo su resguardo las tierras ejidales del poblado de Ulila, municipio de Ucú, Yucatán, por medio del ejido de Hunucmá, pero permitió la venta ilegal de 300 hectáreas de terrenos con una ubicación privilegiada.
El propio Manuel Alberto habría comprado casi 160 hectáreas de tierras en ese ejido en poco más de 32 millones de pesos, pese a que se trata de una zona de alta plusvalía, en que se edifica la fábrica de Modelo. Llamó la atención porque pagó en efectivo a los vendedores, sin que se haya acreditado la capacidad económica del comprador.
Además, los vendedores aparentemente no eran los auténticos dueños y todo se realizó con el aval del ex delegado agrario en Yucatán Jorge Luis Carlos Santos.
En esta nueva denuncia, de 63 páginas, Andrade Tolama incluye en la denuncia al ex presidente Enrique Peña Nieto por haber concedido los terrenos, pero también a otros funcionarios, como Santos Ramírez, director del Registro Agrario Nacional (RAN).
La denuncia, que recibió el folio 048/2021, incluye la petición de revisar la donación de predios que recibieron en 2015 los parientes de la hoy senadora quintanarroense.
“El patrimonio se le da en administración y cuidado, en este caso al Presidente de la República. No se le da como una propiedad, sino en cuidado, para su administración y custodia, y para disponer de esos bienes de la nación tiene que cumplir, dependiendo del tipo de bien, los requerimientos que las propias leyes le imponen. En este asunto, las leyes de la Reforma Agraria”, subraya.
En el expediente se incluyen documentos que dan cuenta de la cesión de más de 175 mil metros cuadrados a los familiares de la legisladora por parte del entonces jefe del Ejecutivo Federal.
Araceli Andrade asegura que esta denuncia es una prueba para ver si realmente sirven de algo las reformas para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
“No cualquiera se atreve porque en el tema anticorrupción necesariamente te topas con servidores públicos y hay premeditación, alevosía, ventaja, influencias, dinero y poder. No cualquiera lo hace. Hay que romper ese temor, esa barrera, probar los mecanismos y ponernos debajo de ley”, añade.
De acuerdo con el documento, el expresidente Peña Nieto tiene que ser investigado luego de que incumplió las reglas establecidas al otorgar los predios con una extensión de 175 mil 714.5 metros cuadrados a Javier Raymundo Villegas Canché y Jorge Gilberto Parra Moguel, hermano y esposo de la senadora Marybel Villegas, respectivamente.
