Cancún, 6 de febrero.— Araceli Andrade, abogada de la periodista Lydia Cacho, aseguró que Mario Plutarco Marín Torres no saldrá libre bajo fianza, como dijo su abogado, quien alegó que en 2005 la tortura no estaba tipificada como delito grave.
“La tortura siempre ha sido un delito grave, no sé de dónde sacó eso el abogado”, expresó.
El pasado jueves 4 de febrero Marín Torres, ex gobernador de Puebla, fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cancún, a donde fue trasladado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde Acapulco, donde estaba prófugo, acusado por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ocurrido en 2005.
En abril de 2019 se giró en Quintana Roo la orden de aprehensión en su contra, del empresario Kamel Nacif y de Juan Sánchez Moreno, ex subdirector de Mandamientos Judiciales de la Policía Judicial de Puebla, por el presunto delito de tortura contra Cacho, quien destapó una red de pornografía y prostitución infantil en su libro “Los demonios del Edén”, en el que Nacif fue señalado de pederasta, por lo que posteriormente demandó a Cacho por “calumnia”, ocasionando que la periodista fuera detenida en 2005, en Cancún, donde residía en ese entonces, y trasladada a Puebla, donde fue golpeada y torturada por elementos de la policía local, con apoyo de Marín.
En entrevista con Sipse, Araceli Andrade, dijo que la justicia tardó más de 15 años en llegar porque en México prevalece la impunidad, a pesar del audio en el que Nacif y Marín se burlaban y congratulaban mutualmente (de la lección que le dieron a la periodista en 2005).
“Desde su posición de poder económico y político estaban burlándose, era la voz de la impunidad”, reiteró la abogada, quien recordó que a raíz de ese audio se le conoce a Marín como “el gober precioso”, como le llamó Nacif para felicitarlo por ser su cómplice.
Con ayuda de la asociación civil Artículo 19, que se dedica a apoyar a periodistas perseguidos, Lydia Cacho acudió al comité de tortura de la ONU en el 2014 y ésta ordenó a México tomar cartas en el asunto.
Las dos primeras órdenes de aprensión salieron en el 2015 y el resto es historia. En total se giraron 10, entre las que estaban las de Nacif, Marín, Sánchez Moreno y Hugo Karam, ex jefe de la Policía Judicial de Puebla, indicó la abogada, quien informó que de esos 10 se ha requerido a 7 y se ha procesado a 7, faltan 3.
Marín pidió inicialmente arresto domiciliario por su edad, problemas del riñón y temor a contagiarse de covid, que finalmente le negó el juez a cargo del caso por su peligrosidad y haber estado prófugo todos estos años.
La abogada aseguró que Lydia Cacho, quien se encuentra exiliada por su seguridad, pues en México llegaron a allanar su casa y matar a sus mascotas como muestra de lo fácil que sería deshacerse de ella, está contenta, satisfecha y pendiente del juicio.En tanto, la especialista en la industria del turismo y desarrollo regional María Teresa Solís Trejo indicó que el proyecto del Tren Maya y las comunidades sustentables que logren establecerse contribuirán a alcanzar los objetivos de desarrollo y ampliar las vocaciones turísticas de la zona.
“El tren tendrá mayor impacto en las actividades turísticas, pues en Quintana Roo habrá más estaciones y paraderos; es necesario avanzar en identificar oportunidades para que sea motor de desarrollo y se pueda diversificar, generando conceptos con mayor valor agregado para disminuir los problemas sociales con visión a largo plazo.”
Al evento virtual asistió Jorge Rivero Guerrero, subsecretario del Fondo Metropolitano de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus); Ari Adler Brotman, dirigente en la entidad de Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y Gonzalo Merediz Alonso, presidente del Consejo de Cuenta de la Península de Yucatán, entre otros.
