CANCÚN, 4 de febrero.— Catorce agrupaciones empresariales y organismos de la sociedad civil, de los más representativos del estado, manifestaron su oposición a la posible designación de Judith Rodríguez Villanueva como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.
En un comunicado conjunto, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, la Asociación de Hoteles de Cancún, los restauranteros y las mujeres empresarias sostienen que la diputada local con licencia, militante del partido Verde, “tiene antecedentes relacionados con varios hechos de corrupción”.
El posicionamiento es apoyado también por Cancún Observa, Ciudadanos por la Transparencia, Canacintra, Ocean Solutions, Cultura Cívica, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Canadevi y ex alumnos del Tecnológico de Monterrey (EXATEC).
Las mencionadas agrupaciones sostienen que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo “es una de las instituciones más importantes en la defensa y garantía de los derechos de quienes habitamos en Quintana Roo, por lo que requiere a su cargo una persona con autonomía, credibilidad e imparcialidad”.
El pasado 1 de febrero se leyeron los nombres las personas candidatas a ombudsperson.
En su comunicado las agrupaciones empresariales y de la sociedad civil manifiestan que “no podemos hacer caso omiso a la postulación de la diputada (con licencia) Judith Rodríguez Villanueva, quien tiene antecedentes relacionados con varios hechos de corrupción en el estado de Quintana Roo.
Y enumeran esos hechos: en la XIV legislatura aprobó el llamado “paquete de impunidad” y nombramientos de funcionarios por periodos transexenales, para proteger al ex gobernador Roberto Borge.
Además, las sesiones en las que se aprobó ese paquete se llevaron a cabo en un lugar distinto al recinto legislatvo, violentando la formalidad del proceso legislativo para manipularlo.
También dio por cumplidas las recomendaciones de Derechos Humanos expedidas para las víctimas del 9N, sin atender a las necesidades de los afectados.
Sus votos como integrante de la XV Legislatura dejan ver que su actuación como titular de la Comisión de Derechos Humanos “se ejercería con tendencias excluyentes y en retroceso al principio de progresividad que caracterizan a los Derechos Humanos, posición demostrada mediante el sentido de su voto en temas relacionado la paridad de género”.
“Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, modificó la Ley para permitir su propia participación, intención demostrada con su propia candidatura”, indica el texto.
Por lo anterior, “exigimos espacios políticos libres de personas con historial de corrupción, así como personas con una trayectoria que demuestre que sobrepone los intereses personales o de grupo político sobre los intereses de los y las quintanarroenses”.
“Exigimos a un ombudsperson que emane de sociedad civil y la represente. Demandamos un proceso de selección abierta y transparente que muestre claramente a la ciudadanía que la designación se realizó conforme a trayectoria y capacidades y en apego a los estándares nacionales de Designaciones Abiertas”, concluye.
