PLAYA DEL CARMEN, 6 de septiembre.- Las dependencias encargadas de la construcción del Tren Maya atropellan los derechos y garantías constitucionales de los legítimos propietarios de las tierras del tramo 5 Tulum-Playa del Carmen, al devastar amplias zonas de selva sin la debida indemnización.
Este hecho provocó se constata por una de las personas afectadas que promovió un amparo contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras dependencias federales por incumplir con acuerdos e instrucciones presidenciales.
Uno de los casos es el de la ciudadana Dolores Sánchez Lucero, quien se convirtió en otras más de las víctimas de funcionarios que evaden sus responsabilidades de indemnizar, con apego a derecho, amplias zonas de tierra durante la construcción del tramo 5 de Tren Maya que correrá sobre Tulum y Playa del Carmen.
A la sección de amparos mesa IX ingresó el recurso legal con número AMP.1954/2022, en el que se enlistan al menos 10 leyes, artículos constitucionales, acuerdos y convenios internacionales sobre los derechos humanos y garantías constitucionales violentadas, reclama el pago correspondiente de las porciones de tierra que ya fueron impactadas, tal y como fue acordado con las autoridades federal para realizar una de las magnas obras del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El documento aceptado en los tribunales fue presentado ante al militar responsable de abrir la brecha a través de la selva quintanarroense, ingeniero constructor y teniente coronel Raúl Roldán, quien sin importar el ordenamiento judicial continuó con la devastación sobre una propiedad que en los hechos es privada, pues al no ser indemnizada por el Estado no debería abrir el paso para el tren.
Como este caso suman decenas en los que Fonatur, cuyo director es Javier May Rodríguez; y Sedatu, Román Meyer Falcón, incumplen con la debida indemnizar a los legítimos propietarios. Son muchos los que han sido engañados, por lo que se han decido ampararse para defender sus derechos y garantías constitucionales, y acuerdos internacionales.
Sin embargo, ante la ola de denuncias y con el fin de poner en marcha prácticas dilatorias y desalentar las acusaciones y amparos, y por consecuencia no pagar, en fechas recientes el Poder Judicial mediante una circular designó únicamente al Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, como único despacho para conocer todos los amparos en contra del Tren Maya.
Esta situación hace más complicada la defensa de los agraviados pues tienen que redoblar tiempo, dinero y esfuerzo, por culpa de funcionarios que carecen de honradez y honestidad de Fonatur y Sedatus, pues es evidente que no quieren entregar el dinero a las personas que vendieron sus tierras convencidas en apoyar la construcción del Tren Maya, considerada una de las magnas obras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
