La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen para extender hasta 2029 la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y lo turnó de inmediato a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, con el fin de discutirlo y votarlo en el pleno mañana.
La reserva de la bancada tricolor prevé, asimismo, la creación de una comisión bicameral de diputados y senadores encargada de dar seguimiento a la reforma, además de obligar al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a rendir en cada periodo de sesiones del Congreso de la Unión un informe sobre el avance y la capacitación de los cuerpos de seguridad civil.
La legisladora morenista Yeidckol Polevnski calificó de responsable la nueva propuesta del PRI, “porque es pensando en los ciudadanos y en la seguridad de todos, que no podemos dejar abandonada a la ciudadanía”.
En la discusión en lo general, los legisladores del PAN, MC y PRD se manifestaron contra la reforma al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional, por considerar que se trata de la militarización del país, sin atender de fondo el problema de la inseguridad.
Por Acción Nacional, el diputado Ricardo Villarreal acusó al gobierno federal de pretender “lavarse las manos”, dejando a cargo del Ejército la función de seguridad pública que constitucionalmente corresponde a la autoridad civil.
“En ese entorno de violencia, donde tenemos más de 100 homicidios dolosos todos los días, el gobierno solamente quiere lavarse las manos y decir ‘que el Ejército se encargue, porque yo no me puedo encargar de este problema, como lo dice el artículo 21 de la Constitución”, puntualizó.
El emecista Salvador Caro sostuvo que la reforma para ampliar a diez años la participación militar en seguridad pública es consecuencia de una negociación entre PRI y Morena para asegurar la impunidad del legislador y dirigente priista Alejandro Moreno, e incluso devolverle la Comisión de Gobernación en San Lázaro.
“Con esta propuesta se está engañando a México, con esta propuesta y con esta complicidad entre el PRI y Morena a lo que se están dirigiendo simple y sencillamente es a otorgar al PRI una carta de impunidad para que sus santones sigan libres en cualquier lugar del mundo donde están o puedan tener una prisión domiciliaria (…); esta reforma no tiene que ver con seguridad, sino con impunidad para el PRI y militarización del país”, acusó.
El morenista Óscar Cantón respondió llamando Salvador “Barato” al diputado Caro y descalificando los argumentos del jalisciense: “Yo diría que verdaderamente piense antes de hablar, que se oxigene, que verdaderamente piense por México antes de decir las cosas”.
En su turno, la diputada Yeidckol Polevnski, también de Morena, reconoció la “responsabilidad” del PRI, al hacer una nueva propuesta para aplazar hasta 2019 la disposición de las fuerzas armadas en materia de seguridad”, pues, dijo, “es pensando en los ciudadanos y en la seguridad de todos, que no podemos dejar abandonada a la ciudadanía”.
Por Acción Nacional, el diputado Ricardo Villarreal acusó al gobierno federal de pretender “lavarse las manos”, dejando a cargo del Ejército la función de seguridad pública que constitucionalmente corresponde a la autoridad civil.
De acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria de hoy, el pleno cameral dará declaratoria de publicidad al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con el propósito de discutirlo y votarlo mañana mismo.
