El estudio que la abogada María Cristina Castro Sariñana elaboró en 1986 para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es un retrato fiel de lo que entonces sucedía en la vida municipal. Fue en 1983 cuando la descentralización tomó un rumbo que luego se frenó. Pero lo que ocurrió en 1983 en cuanto a la vida municipal no hay que perderlo de vista. Luego, como casi siempre ocurre, vinieron las perversiones.
Como una muestra de la fortaleza que habían adquirido los municipios, sintetizamos los avances de entonces:
Fue también transferida a los ayuntamientos la administración del programa de asignación de créditos agropecuarios (crédito “a la palabra”). Este programa surgió por disposición del gobernador del Estado para solucionar las dificultades que enfrentaban los campesinos para cumplir con los requisitos que el sector bancario les exigía, a fin de ser considerados como posibles sujetos de crédito.
Se firmó también un convenio de apoyo a la inversión municipal (CAIM), cuyo propósito es que por cada peso que los ayuntamientos destinan a la inversión pública, el gobierno estatal les asigna otro. Este convenio ha permitido la realización de múltiples obras para el mejoramiento de los servicios públicos, especialmente en las áreas de aseo urbano, bacheo, seguridad pública y transito.
El gobierno estatal decidió modificar la fórmula para distribuir entre los municipios las participaciones provenientes de los impuestos federales, con el fin de equilibrar los presupuestos de los municipios que recaudan altos ingresos por concepto de impuesto predial, con los que menos perciben.
Ya desde 1986, la abogada Castro Sariñana ponía el acento en uno de los vicios de la representación política en los municipios: “Las sindicaturas y regidurías son posiciones políticas interpretadas muchas veces como “cuotas de poder” que reclaman agrupaciones y sindicatos, situación que parece institucionalizarse poco a poco hasta llegar a considerarlas como un derecho adquirido, de tal forma que al renovarse periódicamente los cabildos, estos grupos dan por hecho que en las planillas de los candidatos a integrarlos por parte del partido mayoritario, obligatoriamente se debe considerar a su representante de tal agrupación”. Esta es una síntesis de la evolución de los municipios, y es una lástima que los avances no hayan continuado. En los municipios está la fuerza de la ciudadanía hecha gobierno. El trabajo de María Cristina Castro, es, sin duda, una valiosa contribución para entender la evolución de los municipios en México, que ahora, endeudados en su mayoría, pueden vivir un severo retroceso.
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