CHETUMAL, 12 de enero.— Las plataformas digitales que ofrecen servicio de transporte, como Uber, tendrán que seguir esperando a poder operar en Quintana Roo, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación les concedió un amparo para que trabajen sin las concesiones que otorga el gobierno del estado, como lo establece la Ley de Movilidad.
Según declaraciones de Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, antes de que Uber y otras plataformas puedan arrancar operaciones de manera legal se tiene que reforma el marco legal existente, que actualmente considera a las mencionadas plataformas como prestadores de servicios públicos, mientras que el Poder Judicial dictaminó que son de carácter privado.
El viernes, a pesar de la presión de los taxistas, el Tercer Tribunal Colegiado del vigésimo séptimo circuito de Cancún otorgó a Uber el amparo para poder operar en Quintana Roo.
Sin embargo, Cristina Torres dijo que “si leen ustedes, el fallo dice que hay que adecuar el marco normativo. Es decir, que no pueden operar en las condiciones como lo establece nuestra legislación actual, que sí les permitía trabajar bajo el esquema de concesión”, indicó.
Cristina Torres dijo que primero se tendrá que recibir oficialmente por parte del Poder Judicial el fallo, con el fin de que el gobierno del estado y los diputados se den por enterados y se pongan a trabajar para adecuar la Ley de Movilidad, de acuerdo con lo que se dictaminó el miércoles.
“La resolución del Poder Judicial no significa que no se regulen estas plataformas, se tienen que regular. De hecho, el fallo deja en libertad de jurisdicción a la legislatura para realizar la adecuación normativa correspondiente”, sostuvo la funcionaria.
En relación con la actitud agresiva de los taxistas, Cristina Torres señaló que el compromiso del Gobierno del Estado es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Incluso, destacó que algunos taxistas han sido sancionados administrativamente por participar en agresiones contra los choferes de Uber.
Dijo también que están abiertos procedimientos para retirar concesiones a taxistas involucrados en actos de violencia.
