CHETUMAL, 18 de agosto.— La Secretaría de la Contraloría inició una investigación “exhaustiva”sobre el registro de servidores públicos que no cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de programas sociales destinados a la población más vulnerable.
La dependencia informó que, como medida inicial, se ha procedido a dar de baja de manera inmediata a aquellos servidores públicos que se han encontrado inscritos indebidamente en programas sociales.
Además, se ha tomado la decisión de separar a estas personas de sus cargos en la estructura gubernamental.
En paralelo, la Secretaría de la Contraloría ha iniciado una auditoría a fondo para asegurarse de que los programas sociales sean utilizados por la población a la que están destinados.
El objetivo principal es garantizar que los recursos públicos sean dirigidos de manera adecuada a quienes realmente lo necesitan.
La Contraloría resaltó que el Gobierno del estado tiene la responsabilidad de salvaguardar los recursos del pueblo, asegurando que lleguen a las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Además, la dependencia dejó claro que continuará trabajando en la investigación y en caso de descubrir más casos similares, se tomarán las mismas medidas y se informará de los avances de la auditoría.
Esta semana, la gobernadora Mara Lezama ordenó una investigación sobre Rosario de los Ángeles Abán Mukul, subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo, quien había sido inscrita en el programa “Mujer es Vida” a pesar de contar con un sueldo de 38 mil pesos mensuales.
Posteriormente, se descubrió que Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) en José María Morelos, también estaba inscrita como beneficiaria del programa “Mujer es Poder”, dirigido a mujeres en situación vulnerable.
Este jueves, se identificó que Neri Deyanira Martínez Martínez, ex primera regidora del municipio de Solidaridad, había obtenido una tarjeta del programa “Mujer es Vida”. Cabe destacar que es hija de Deyanira Martínez, miembro del Partido Verde y ex titular de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana durante la administración municipal previa.
Además, Yeceña Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte, y Ana Luisa Chávez Mah Eng, jefa de Departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social, también fueron descubiertas en esta situación.
Todas estas funcionarias están siendo investigadas por la Contraloría estatal y han sido separadas de sus cargos en el gobierno.
