Cancún, 28 de Agosto (Infoqroo).- El presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Tony Chaves, encabezó una conferencia de prensa en la que el sector empresarial manifestó su firme postura de rechazo ante la propuesta de Decreto de Modificación de la Ley de Hacienda de los Municipios de Quintana Roo, la cual contempla el cobro de derechos de autor por el uso de música con fines comerciales o de lucro en establecimientos como hoteles y restaurantes.
La iniciativa, presentada por diputados locales, ha generado preocupación y rechazo en el sector empresarial del estado, y es por ello que durante la conferencia de prensa, Tony Chaves dejó claro que no están dispuestos a permitir que el municipio sea utilizado para acuerdos privados que no beneficien a la entidad ni al sector empresarial en su conjunto.
“Esta iniciativa no aporta ningún beneficio a la entidad ni a las empresas. Más bien, representa una medida que afectaría no solo a los sectores productivos, sino también al estado en su totalidad”, declaró Chaves.
“La industria turística, que contribuye en gran medida a la economía del estado, se vería especialmente impactada por esta propuesta”, añadió.
En la reunión, en la que participaron líderes empresariales de diversos sectores, se destacó la colaboración entre las diferentes cámaras y gremios. Cada uno de los representantes expresó en términos similares su rechazo a la iniciativa de cobro de derechos de autor.
Tony Chaves enfatizó que la postura de rechazo es fundamentada en la lógica y el contexto actual. Calificó como inaudito que se legisle en favor del estado en detrimento de la empresa privada, considerando que esta medida perjudicaría a los sectores económicos y afectaría la competitividad y el crecimiento de la región.
Insistió que la propuesta de cobro de derechos de autor en establecimientos comerciales ha generado un amplio debate en la sociedad y ha despertado preocupación entre los empresarios locales.
También subrayó que el sector empresarial continúa unido en su oposición a esta iniciativa, argumentando que su implementación tendría un impacto negativo en la economía y en el ambiente de negocios en Quintana Roo.
