CIUDAD DE MÉXICO.- Hay “bases razonables” para para sostener que tanto las fuerzas gubernamentales mexicanas, así como el grupo del crimen organizado Los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad contra civiles durante la última década en México.
Así lo reporta el informe difundido esta semana por Open Society Justice Initiative, realizado junto con cinco organizaciones mexicanas, que es titulado “Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México”.
Los Zetas han cometido diferentes acciones como parte “de un ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil”, reportó.
El documento acusó a los últimos gobiernos de fallar “casi por completo” en la rendición de cuentas por crímenes atroces, debido principalmente a la obstrucción política.
A través de un comunicado, James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative dijo que el gobierno mexicano ha demostrado liderazgo en temas de derechos humanos fuera de sus fronteras. “Es tiempo para que lo haga en casa, y hacer frente a la crisis de confianza en el sistema judicial del país mediante la investigación y el enjuiciamiento de crímenes atroces en México”, dijo.
El documento incorporó mas de tres años de investigación conducida por la organización internacional y y cinco instituciones mexicanas independientes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Según el informe, desde 2006, el gobierno federal ha mantenido una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza como parte de la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, lo que ha puesto en la mira a cualquier civil “supuestamente” vinculado con las organizaciones criminales, al tiempo que se ha reforzado una impunidad casi completa para los funcionarios federales que ejecutan dicha violencia.
En sus conclusiones, el reporte concluye: “El gobierno debe actuar sin demora para reconocer la gravedad de la situación. Se debe iniciar medidas extraordinarias urgentes, incluyendo la invitación de asistencia internacional para garantiza investigaciones y enjuiciamientos independientes y genuinos”.
Información tomada de Aristegui Noticias
