CHETUMAL, 24 de noviembre.— Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juicio Político, focalizándose en la modificación de plazos.
La propuesta sugiere un periodo de 60 días para que la Comisión de Justicia emita su dictamen sobre la procedencia del juicio político, con el objetivo declarado de agilizar estos procedimientos.
Alday explicó que la iniciativa busca establecer términos específicos que anteriormente no existían. La propuesta aborda la falta de plazos concretos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que permitía la ratificación del juicio político en tan solo tres días, dejando después un período sin límite temporal. Con esta reforma, se propone imponer un plazo definido de 60 días para que la Comisión de Justicia determine la procedencia o no del juicio político, buscando así acelerar el proceso y asegurar una resolución oportuna.
Una novedad adicional, es la creación de un plazo de quince días hábiles para la instalación de la Comisión de Proceso Jurisdiccional una vez que la Comisión de Justicia haya emitido su dictamen. Esta nueva comisión se encargaría de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia, proporcionando al denunciado, información sobre sus derechos y las pruebas admisibles en el procedimiento.
Para mejorar la transparencia, se propone que la audiencia de pruebas y alegatos sea pública, permitiendo a las partes comparecer con la asistencia de sus respectivos abogados defensores. La Comisión de Proceso Jurisdiccional tendría un plazo de cinco días hábiles para emitir un proyecto de resolución después de desahogar la diligencia procesal, informando a la Legislatura sobre la imputación que proceda en un plazo de tres días naturales. Esto permitiría que el Pleno se constituya como jurado de sentencia para debatir y votar sobre la resolución correspondiente, incluida la posibilidad de inhabilitación o separación del cargo e inhabilitación hasta por 20 años del imputado.
En resumen, la propuesta establece un proceso formal para las denuncias de juicio político en Quintana Roo, que hasta ahora no existía en el estado, y se espera que tenga un impacto positivo en el combate a la corrupción y la impunidad, así como en la transparencia y el respeto a las garantías procesales de todas las partes involucradas.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) también reveló que hasta el momento, la Comisión de Justicia tiene conocimiento de 22 expedientes de juicio político, con 12 ya resueltos en un año y 2 en revisión, algunos de los cuales podrían ser desechados debido al vencimiento del plazo para determinar una sanción, según la Constitución del Estado.
