La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Quintana Roo y Veracruz, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que aprobaron recientemente, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Roberto Borge y Javier Duarte, por los señalamientos de presunta corrupción.
Tras el anuncio de las acciones de inconstitucionalidad, ordenadas por el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador de Veracruz dijo estar de acuerdo, por lo que declinó la terna de magistrados anticorrupción que había propuesto. “No enviaré ninguna otra propuesta”, expresó Duarte en Twitter.
En otro mensaje, exhortó a la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso de Veracruz a que declarara desierta la convocatoria para nombrar el Fiscal Anticorrupción.
El vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, dijo en una conferencia de prensa para explicar las acciones de inconstitucionalidad que no hay cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.
“En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones”, dijo Sánchez.
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En la conferencia, en la que también participó Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, se mencionó que los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo no pueden hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”, acciones contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.
La reforma constitucional que creó el Sistema en mayo de 2015, dijo Sandoval Silva, previó dos cuestiones fundamentales: “Primero: que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional. Segundo: que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor”.
A pesar de lo establecido, apuntó Sandoval Silva, “los Congresos de los Estados de Veracruz y Quintana Roo, han aprobado diversas reformas y realizado diversos actos que no son acordes al sentido y fin de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que tuvo como objetivo concretar un sistema de mecanismos que permitan frenar el abuso del poder, no propiciarlo”.
Ante ello, dijo, es que se promovió la acción de inconstitucionalidad, para que la SCJN analice las reformas aprobadas por los congresos locales, y “advierta que las entidades federativas mencionadas, carecen de facultades para crear sus Sistemas Locales Anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias”.
El vocero Sánchez mencionó que el presidente Peña Nieto habrá de promulgar en los próximos días los decretos para la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
