Monterrey – Una investigación de la Revista Proceso revela que los despachos del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, estarían ligados a empresas factureras que presuntamente blanquean recursos para el Cártel de los Beltrán Leyva. De acuerdo con el reportaje, los despachos Firma y Jurídica Fiscal y GMA Firma Jurídica Fiscal, ambos propiedad del Mandatario, habrían recibido ingresos por aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos entre 2016 y 2023.
La investigación también señala a la Consultoría Lefinco, fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, quien es considerado el brazo derecho de García. Esta consultoría habría recibido pagos de la empresa Suministro MYR, la cual habría triangulado recursos millonarios hacia los despachos del Gobernador. “Consultoría Lefinco es el eje de las triangulaciones de fondos. En el caso de las empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leyva, el monto blanqueado de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, es de 21 millones de pesos”, afirma el reportaje.
Al menos siete empresas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva habrían realizado pagos a Lefinco, de las cuales se identificaron cinco: Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría. Esta última ha sido denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Tamaulipas como una facturera utilizada para lavar millones de pesos.
Entre los principales actores relacionados con estas empresas se encuentran Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, detenido en 2023 y señalado como uno de los últimos lavadores de dinero del Cártel de los Beltrán Leyva, y José Rodolfo Villarreal Hernández, alias “El Gato”, quien ha sido identificado como líder del grupo criminal en San Pedro.
La investigación forma parte de un expediente realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado, que continúa indagando en las posibles conexiones entre estas empresas y los despachos de Samuel García, lo que podría implicar un escándalo de corrupción y lavado de dinero a gran escala en el estado de Nuevo León.
