CHETUMAL, 21 de octubre.— Reyna Arceo Rosado, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), reveló este lunes que debido a graves actos de omisión en la administración de Carlos Joaquín González, no se pudieron recuperar más de 7,000 millones de pesos que fueron desviados de diversos programas estatales durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, preso en una cárcel de Morelos por delitos federales.
Cómo se sabe, el gobierno de Carlos Joaquín —actual embajador de México en Canadá— emprendió acciones judiciales contra Borge y varios de sus colaboradores.
Sin embargo, la falta de seguimiento oportuno y las omisiones permitieron que los plazos legales prescribieran, lo que impidió la sanción de varios responsables y la recuperación de los recursos desviados, dijo la Contralora en conferencia de prensa conjunta con el fiscal Anticorrupción Edgar Ramírez Morales.
Reyna Arceo explicó que se recibieron un total de 513 expedientes en septiembre de 2021, los cuales evidencian desvíos significativos de recursos, pero a pesar de contar con pruebas contundentes, estas no fueron procesadas a tiempo.
La actual administración estatal, que arrancó en septiembre de 2022 con Mara Lezama Espinosa al frente, presentó nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en un intento por fincar responsabilidades a los funcionarios omisos de la administración de Carlos Joaquín.
Sin embargo, las denuncias solo serán en contra de los ex funcionarios de Carlos Joaquín que son señalados de omisión, pues el ex gobernador no será objeto de denuncia alguna.
El fiscal anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, informó que actualmente existen 847 carpetas de investigación activas que involucran a exfuncionarios de distintos niveles, algunos incluso de la propia SECOES, que estuvo a cargo de Rafael del Pozo en el gobierno de Carlos Joaquín.
Entre las acciones de la Contraloría, se ha logrado la inhabilitación de 47 personas que trabajaron con Roberto Borge y la imposición de 65 sanciones, aunque muchos de los casos ya no pueden ser perseguidos legalmente y menos recuperar los recursos desviados.
Por su parte, Carlos Felipe Fuentes del Río, consejero jurídico del Gobierno del Estado, destacó que la principal omisión fue la falta de sanción a los responsables, amparados en la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo.
En total, se estima que los desvíos superan los 7,000 millones de pesos, correspondientes al periodo entre 2011 y 2016, recursos que, según Reyna Arceo, ya no podrán ser recuperados debido a la prescripción de los plazos legales.
