Ciudad de México – En una decisión sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto una impugnación contra la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, tras no alcanzar la mayoría calificada de ocho votos necesarios para invalidarla. La reforma, promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), seguirá en vigor después de que el Ministro Alberto Pérez Dayán, quien en un inicio se oponía a la reforma, votara en contra de su anulación, un cambio sorpresivo que resultó decisivo para el desenlace de la sesión.
El Ministro Juan Luis González Alcántara presentó un proyecto que buscaba anular algunos aspectos de la reforma, como la elección por voto popular de jueces y ciertas disposiciones del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Sin embargo, la propuesta no logró los votos necesarios para proceder. Junto con Pérez Dayán, las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, cercanas al gobierno, votaron en contra de la anulación, impidiendo la mayoría de ocho votos.
Pérez Dayán argumentó que la SCJN no tiene competencia para revisar el contenido de la Constitución y que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes en reformas constitucionales, manteniendo su criterio histórico. La presidenta de la Corte, Norma Piña, hizo un último esfuerzo para invalidar la reforma usando una reciente modificación que permite desestimar leyes con seis votos, pero la mayoría de los ministros rechazó esta vía.
El fallo generó manifestaciones de empleados del Poder Judicial frente a la SCJN, quienes expresaron su descontento con la reforma, afirmando que “es un día de luto para todo México”. La vocera Patricia Aguayo calificó la decisión como una pérdida para los ciudadanos. El ministro Luis María Aguilar, quien dejará su cargo en unos días, se unió a la protesta y agradeció el apoyo de los trabajadores, lamentando no haber conseguido el respaldo suficiente para detener la reforma.
Este fallo marca una etapa de cambio para el sistema judicial mexicano, pues la reforma incluye nuevas normas para la elección de magistrados y ministros, así como para la creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Los críticos señalan que estas modificaciones podrían impactar la independencia judicial en el país, mientras que el gobierno asegura que estas medidas buscan fortalecer el sistema de justicia.
