Ciudad de México.- El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó este miércoles que la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para aplazar por 90 días las elecciones de jueces, magistrados y ministros, programadas para el 1 de junio de 2025, fue rechazada de manera formal.
En un oficio dirigido a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, con fecha del 26 de noviembre, Fernández Noroña argumentó que conceder la prórroga implicaría realizar una nueva reforma constitucional para ajustar los plazos del proceso electoral, lo cual generaría complicaciones legales y operativas.
“Imposible modificar los plazos”
“El Poder Legislativo se encuentra imposibilitado de conceder la prórroga solicitada (…). De darse, se crearían más problemas de los que pretende resolver, pues sería necesario modificar todos los plazos del proceso electivo establecidos en la reforma constitucional de septiembre de 2024”, señaló Fernández Noroña.
El senador destacó que un aplazamiento afectaría la equidad entre los aspirantes y vulneraría la continuidad del proceso, además de dejar vacantes en órganos jurisdiccionales que deben ser ocupadas por los funcionarios electos en la próxima jornada electoral.
Impacto en el sistema judicial
Fernández Noroña advirtió que cualquier retraso en la renovación del Poder Judicial impactaría negativamente en el acceso a la justicia, al dejar acéfalas diversas titularidades de órganos jurisdiccionales.
“Brindar una prórroga equivaldría a incumplir el texto constitucional vigente, generando un retraso en las etapas improrrogables del proceso y afectando el adecuado funcionamiento del sistema judicial federal”, agregó.
El senador concluyó que no existe facultad legal para alterar los plazos establecidos en la Constitución, por lo que el Senado rechazó la solicitud del INE y reafirmó su compromiso con el cumplimiento íntegro y oportuno del procedimiento electoral.
Contexto de la reforma constitucional
La elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación está prevista en el Decreto reformatorio publicado el 15 de septiembre de 2024. Este proceso, inédito en el país, busca renovar las estructuras judiciales mediante un proceso democrático programado para el 1 de junio de 2025.
Con esta decisión, el Senado ratifica que los tiempos constitucionales son inamovibles, y reitera la importancia de garantizar el acceso a la justicia sin dilaciones indebidas. Por su parte, el INE deberá ajustar su planeación para cumplir con el calendario electoral establecido.
