Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó de forma definitiva la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados contra el decreto presidencial de mayo de 2023, que declaró como obras de seguridad nacional e interés público al Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y los aeropuertos de Tulum, Palenque y Chetumal.
La decisión, tomada por unanimidad por la Segunda Sala, confirmó el desechamiento inicial dictado en enero de 2024 por la ministra Loretta Ortiz. La Corte concluyó que el decreto presidencial no afecta ninguna atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, razón por la cual la demanda no puede ser estudiada.
Contexto de la controversia
La controversia fue presentada en junio de 2023 por Santiago Creel, entonces presidente de la Cámara y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), en respuesta al decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de mayo del mismo año. Este decreto fue publicado el mismo día en que la SCJN invalidó un acuerdo previo de noviembre de 2021 que también clasificaba como seguridad nacional varios proyectos prioritarios del Gobierno.
A diferencia de ese acuerdo de 2021, que sí fue impugnado con éxito por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la SCJN determinó que la Cámara de Diputados no tiene interés legítimo para cuestionar el decreto de 2023, al no incidir en sus competencias.
Implicaciones del decreto
El decreto y los acuerdos del Consejo de Seguridad Nacional han permitido clasificar como información reservada los contratos y gastos relacionados con los tramos cinco al siete del Tren Maya, así como proyectos complementarios como hoteles, parques y edificios corporativos construidos por el Ejército en la Península de Yucatán.
De manera similar, en el caso del CIIT, no se han dado a conocer detalles de contratos asignados por la Secretaría de Marina para la rehabilitación de vías, compra de trenes y concesiones a empresas privadas para operar Polos de Desarrollo para el Bienestar.
Última sesión del año
Esta decisión marca la última sesión de la Segunda Sala de la SCJN en 2024, cerrando un ciclo judicial con un fallo que refuerza la clasificación de estas obras como prioritarias y reservadas bajo el argumento de seguridad nacional.
