BACALAR, 8 de diciembre.- Empresarios y subcontratistas que participaron en las obras del Tramo 7 del Tren Maya, que conecta Bacalar con Escárcega, han denunciado adeudos millonarios por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según los afectados, los ingenieros militares encargados de los trabajos no han pagado los últimos meses de labores, lo que ha provocado una crisis entre los proveedores de maquinaria y transportistas.
De acuerdo con testimonios recabados, la falta de pagos se remonta a junio de 2024, afectando tanto a quienes aún operan en la zona como a quienes ya concluyeron sus trabajos. Los empresarios aseguran que no cuentan con recursos para trasladar su maquinaria de regreso a sus lugares de origen, mientras las máquinas permanecen detenidas en los sitios de obra.
“Habían venido pagando más o menos a tiempo, pero desde junio no hemos recibido nada. Ni los transportistas ni los operadores de maquinaria hemos cobrado”, señaló un empresario que prefirió el anonimato.
Entre los afectados también hay empresarios que movilizaron equipos desde el norte y centro del país hacia Quintana Roo. Estos han solicitado a la Sedena que cubra los costos de traslado o envíe tráileres para devolver el equipo a sus puntos de origen.
El teniente coronel Miguel Ángel Guerrero Cruz, uno de los ingenieros responsables del Tramo 7, ha sido señalado como el principal responsable de no tramitar los pagos ni cumplir con los acuerdos económicos. Según un supervisor de obra, sólo en el frente 6 del tramo hay mil máquinas paralizadas debido a los adeudos, que se extienden por más de cuatro meses.
Transportistas de materiales han realizado bloqueos y movilizaciones para exigir el pago de sus servicios. Además, el pasado 25 de noviembre enviaron una carta pública a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, solicitando su intervención para resolver la situación.
Esta problemática amenaza con retrasar la inauguración del tramo, programada como parte de las obras emblemáticas del gobierno federal. Los empresarios advierten que, si no reciben los pagos pendientes, impedirán la culminación de las obras al no retirar sus máquinas del lugar.
Hasta el momento, la Sedena no ha emitido una declaración oficial al respecto.
