Cancún, 16 de enero (InZoom.mx).- La secretaria de Gobierno, Cristina Torres, aseguró que la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo tiene como principal objetivo garantizar y proteger derechos ciudadanos, ya que clarifica los procedimientos expropiatorios y asegura compensaciones más justas.
Aclaró que, contrario a lo manifestado por voces discordantes, en el Estado no hay proyectos expropiatorios en curso y que, con la aprobación de la ley, se actualiza un marco normativo notoriamente obsoleto, ya que databa del año 1978.
Como se informó la XVIII Legislatura local aprobó la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio del Estado de Quintana Roo, a fin de contribuir a garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica de las personas, de la garantía de audiencia y la justa indemnización.
De acuerdo con un boletín, Cristina Torres explicó que la nueva Ley es garantista y constitucionalmente sólida, en tanto que la anterior estaba obsoleta y no explicaba de manera clara la “utilidad pública”, lo que generaba confusión.
Este es un gobierno humanista y, tal como ahora lo establece la ley, se otorgan garantías de audiencia a los propietarios afectados, quienes pueden presentar su caso durante el proceso de expropiación, con plena certeza de que tendrán procesos justos y el cumplimiento de la Ley como premisas.
Además, la secretaria Cristina Torres destacó que, en el marco de la implementación de esta nueva ley, se trabajará en la elaboración de un reglamento que será construido con la participación y consenso de la ciudadanía.
Resaltó que, con la nueva Ley, ahora la autoridad debe demostrar que la expropiación es la única opción viable y que el bien común justifica la afectación al propietario quien contará con un procedimiento claro de expropiación, asegurando una compensación justa.
La Secretaria de Gobierno manifestó que ahora existirán más garantías para los ciudadanos, toda vez que, en caso que la expropiación no cumpla con los procedimientos, podrá recurrir a un proceso de reversión.
Insistió en que, de ninguna manera, como se pretende hacer creer, se trata de un “cheque al portador” o un “traje a la medida”, sino que incrementa la certidumbre sobre los derechos de propiedad y clarifica qué deberán entenderse por utilidad pública proyectos como hospitales, escuelas, parques industriales, etc.
El único objetivo de la ley es ofrecer certeza jurídica a los propietarios y garantizar que los procedimientos de expropiación se realicen de forma justa, clara y transparente, priorizando siempre el diálogo y la negociación, concluyó.
