Washington, D.C., 16 de mayo de 2025 — En su más reciente informe “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025”, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) alertó sobre el creciente control de cárteles mexicanos en el robo y contrabando de petróleo crudo, así como su papel central en la producción y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo.
Según el reporte, organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana y La Nueva Familia Michoacana están involucradas en sofisticadas operaciones de robo de combustible (huachicol) en el noreste de México, obteniendo petróleo de Pemex para contrabandearlo hacia EE.UU. y venderlo a empresas energéticas, como parte de esquemas de lavado de dinero basados en el comercio internacional.
“El Gobierno de México pierde cada año decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales a causa de estas actividades criminales”, advierte el informe.
Además del robo de combustible, la DEA identifica a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como los principales abastecedores de fentanilo y metanfetaminas en el mercado estadounidense. Estas organizaciones mantienen redes internacionales que abarcan países de América Latina, así como cadenas de suministro de precursores químicos provenientes de China e India.
El reporte también hace énfasis en la mezcla peligrosa de fentanilo con tranquilizantes veterinarios como la xilazina y la medetomidina, lo cual incrementa el riesgo de sobredosis entre consumidores. En 2024, se registraron 84,076 muertes por sobredosis en EE.UU., una cifra alarmante aunque 25% menor que el año anterior.
La DEA dedica esta edición del informe a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, el agente estadounidense secuestrado y asesinado en 1985 en Guadalajara, como símbolo de la lucha contra el narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses consideran que las actividades de los cárteles mexicanos representan una grave amenaza para la salud pública, el Estado de derecho y la seguridad nacional de Estados Unidos.