Miami, 22 de mayo.— En un giro clave dentro del proceso legal contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, una corte civil de Miami lo declaró responsable —junto con su esposa Linda Cristina Pereyra— de haber participado en un complejo esquema de desvío y lavado de fondos públicos que operó durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La jueza Lisa Walsh dictó este miércoles una sentencia que obliga a García Luna a pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa deberá cubrir 1,740 millones, como parte de un esquema que, según acreditó el Gobierno de México, consistió en contratos inflados y triangulaciones financieras que terminaron en inversiones y bienes raíces en el sur de Florida.
El caso, aunque civil, tiene implicaciones que van más allá de lo financiero. La jueza aplicó la Ley RICO —utilizada en EE. UU. para combatir el crimen organizado— tras determinar que los demandados participaron en una red ilícita de corrupción y lavado. Aunque aún no hay cargos criminales adicionales derivados de esta resolución, el fallo abre la puerta para que tanto autoridades mexicanas como estadounidenses profundicen en nuevas acciones penales.
La sentencia marca un nuevo capítulo en el proceso legal que inició en 2021, cuando el Gobierno de México —a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— demandó a García Luna, su esposa y a más de 50 personas y empresas involucradas en contratos de seguridad por más de 580 millones de dólares. Estos contratos, firmados mientras García Luna estaba en funciones y tras su salida del cargo, fueron parte de una red que canalizó recursos hacia cuentas y propiedades en Miami.
De acuerdo con los registros judiciales, García Luna ignoró la demanda y su esposa fue declarada en “rebeldía” por incumplir órdenes judiciales. Con ello, el camino quedó abierto para que la Corte emitiera una sentencia por defecto.
La estrategia legal del Gobierno mexicano apuntó directamente a demostrar cómo los recursos públicos terminaron en manos privadas a través de empresas fantasma y contratos opacos. En el centro de la trama también aparecen los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, señalados como prestanombres de García Luna y aún en proceso de negociación con las autoridades.
Este golpe financiero se suma a la condena penal que García Luna ya enfrenta en Estados Unidos: en octubre de 2024, fue sentenciado a 38 años y ocho meses de prisión tras ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa y participar en actividades de delincuencia organizada y narcotráfico.
Si bien este fallo no repara por sí solo el daño al erario mexicano, representa una victoria legal para el Gobierno actual, que ha buscado recuperar parte del dinero perdido en uno de los mayores escándalos de corrupción de la era reciente. Y deja clara una lección: aunque los delitos se hayan cometido en México, las consecuencias pueden llegar —y pesan— también en los tribunales de Estados Unidos.
