Ciudad de México, 2 de junio de 2025 — La histórica elección popular de jueces y magistrados celebrada este 1 de junio ha encendido las alertas entre analistas económicos y expertos en competitividad, quienes advierten que los cambios en el Poder Judicial podrían afectar negativamente la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) en México.
Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que el Estado de Derecho es una variable clave para la toma de decisiones de inversión, por lo que la percepción de una posible pérdida de autonomía judicial preocupa a las empresas, especialmente en escenarios de disputas legales. “La falta de independencia y de criterio técnico en las resoluciones judiciales puede tener efectos negativos para las empresas, y esto sin duda impactará en sus decisiones de inversión”, apuntó.
Campos subrayó que la percepción internacional sobre la calidad democrática y la certeza jurídica en México jugará un papel determinante, dado que las compañías valoran entornos estables y con reglas claras, especialmente cuando existe la posibilidad de enfrentar litigios.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, coincidió en que el impacto podría no sentirse de forma inmediata, pero sí en el mediano y largo plazo, dependiendo del perfil de los jueces electos, su desempeño y cómo responda el mercado. “Puede que las empresas decidan posponer inversiones hasta ver cómo se aplica la reforma en la práctica”, señaló.
Las alertas no se limitan al ámbito nacional. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington D.C., calificó la reforma como un cambio significativo que introduce incertidumbre en el panorama económico. En un comunicado reciente, el CSIS advirtió que “estos cambios podrían socavar la confianza de los inversionistas, debilitar el cumplimiento de contratos y complicar los mecanismos de resolución de disputas”.
Además, el organismo recordó que México se aproxima a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026, y advirtió que la erosión del Estado de Derecho podría convertirse en un tema central durante las negociaciones. “México corre el riesgo de ser percibido como un socio comercial y de inversión menos confiable”, afirmó.
En este contexto, el CSIS ha convocado a un panel de análisis el próximo 6 de junio, liderado por Ryan C. Berg, director del Programa de las Américas del organismo. El foro abordará las implicaciones de la reforma judicial, incluyendo su impacto en la independencia del sistema judicial, la seguridad jurídica y la integración económica regional.
Mientras el país celebra lo que el gobierno ha calificado como un avance democrático sin precedentes, la comunidad económica y empresarial observa con cautela los efectos que este giro institucional podría tener sobre el clima de negocios y la confianza de los inversionistas internacionales.
