Ciudad de México, 18 de junio de 2025 — La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará una investigación en contra de la jueza federal Alejandra Domínguez Santos, quien decidió no vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, ex funcionaria implicada en la compra ilegal del software de espionaje “Pegasus” durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Gómez Molano, quien fue oficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y colaboradora cercana del entonces titular Jesús Murillo Karam, es señalada por su presunta responsabilidad en la adquisición del malware por un monto de 460 millones 196 mil pesos, sin cumplir con los procesos legales correspondientes.
La FGR la acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al no haber supervisado adecuadamente el proceso de contratación del software espía, en violación al artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR.
Pegasus: un escándalo de espionaje
El caso Pegasus es uno de los episodios más graves de espionaje en la historia reciente de México. Entre 2011 y 2013, el malware fue utilizado para intervenir más de 15 mil teléfonos, incluyendo los de periodistas como Carmen Aristegui, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el corresponsal del New York Times Azman Ahmed, y personas cercanas al entonces opositor y ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reacción de la Fiscalía
En un comunicado difundido este miércoles, la FGR expresó su desacuerdo con el fallo emitido el pasado lunes por la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, argumentando que se presentaron pruebas sólidas para vincular a Gómez Molano.
“A pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la jueza de control decidió no vincularla”, señaló la dependencia.
Ante esta decisión, la Fiscalía informó que ya ha interpuesto un recurso de apelación y, de forma paralela, inició una carpeta de investigación contra la jueza Alejandra Domínguez Santos por posibles delitos contra la administración de justicia.
Este nuevo giro en el caso Pegasus reaviva la polémica sobre el uso de recursos públicos en labores de espionaje ilegal y la responsabilidad de altos funcionarios del sexenio anterior, así como la actuación del Poder Judicial en el proceso de justicia.
