Ciudad de México.- El Comité de la Convención de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) notificó al Gobierno de México que en breve solicitará información oficial como parte de una investigación iniciada en abril de este año, en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) informaron que el organismo internacional se encuentra en proceso de emitir una solicitud formal de información, a raíz de indicios de que en México podrían estarse cometiendo desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada. No obstante, el Gobierno federal calificó los señalamientos como “carentes de sustento”.
“El Comité comunicó que publicará próximamente una solicitud de información a nuestro país, como parte del proceso iniciado en abril. En la solicitud se realizan algunos señalamientos que, a juicio de México, carecen de sustento”, señalaron ambas dependencias.
El artículo 34 de la Convención permite al Comité actuar de manera urgente y llevar los casos ante la Asamblea General de la ONU si existen pruebas fundadas de prácticas sistemáticas de desaparición forzada en un Estado parte.
Ante esta situación, el Gobierno mexicano rechazó categóricamente que existan desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas perpetradas por el Estado, calificando como “inaceptable” cualquier insinuación en ese sentido.
Aun así, las autoridades federales manifestaron su disposición a colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos y reiteraron su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, la justicia para las víctimas y el castigo a los responsables.
“El Gobierno de México está comprometido con el combate al delito de desaparición de personas y, en los Gobiernos de la Cuarta Transformación, no se promueve ni se tolera esta práctica”, aseguraron, al tiempo que enfatizaron que cualquier servidor público que incurra en dicho delito será investigado y sancionado conforme a la ley.
Finalmente, destacaron que se trabaja de manera coordinada con colectivos de familiares y víctimas indirectas, así como en iniciativas legislativas para atender integralmente este grave problema.
