Ciudad de México.– La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) vinculó a tres instituciones financieras mexicanas con operaciones de lavado de dinero del narcotráfico y sobornos relacionados con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, actualmente preso en EE.UU. por nexos con el crimen organizado.
Según reportes de FinCEN, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario regiomontano Alfonso Romo —quien fue Jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2020)— habría participado en operaciones ilícitas para el Cártel de Sinaloa, incluyendo transacciones derivadas de sobornos a García Luna. De acuerdo con la investigación, una empresa relacionada con el exfuncionario habría movido más de 40 millones de dólares a través de Vector entre 2013 y 2019.
Además, CIBanco e Intercam también fueron señalados por presuntamente facilitar operaciones financieras al narcotráfico, incluidos movimientos relacionados con la fabricación de fentanilo.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México rechazó que existan elementos suficientes para sostener las acusaciones y afirmó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha entregado pruebas concretas que respalden los señalamientos.
A través de una nota informativa, la dependencia dirigida por Édgar Amador informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitaron formalmente al Departamento del Tesoro datos que permitan verificar los presuntos vínculos, pero no han recibido ninguna evidencia.
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló Hacienda.
La dependencia subrayó que, de contar con información contundente, el Gobierno de México actuaría “con todo el peso de la ley”, pero aclaró que hasta ahora no existe información que permita sostener las acusaciones.
Este nuevo capítulo complica la relación bilateral en materia de cooperación financiera y seguridad, pues mientras Estados Unidos señala a instituciones clave del sistema financiero mexicano, el Gobierno de México exige pruebas para poder actuar conforme a derecho. El caso también reaviva el debate sobre la transparencia en los contratos públicos y la vigilancia de operaciones sospechosas vinculadas a figuras políticas del pasado.
