TULUM, 4 de julio.— Luego de que un juez federal ordenó la demolición del desarrollo inmobiliario “Maiim” en Bahía Solimán, por graves irregularidades, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) revocó la constancia de congruencia urbanística otorgada al proyecto y se deslindó oficialmente de cualquier trámite a favor de la empresa desarrolladora Promotora de Incentivos México.
El mes pasado, en una sentencia considerada histórica por defensores del medio ambiente, la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) logró, a través de un juicio de amparo, que un juez federal ordenara la demolición de ese desarrollo, construido sin permisos de impacto ambiental en una zona de alta fragilidad ecológica.
Actualmente el inmueble se encuentra en obra negra sobre la costa, colindante con áreas naturales protegidas y sitios de anidación de tortugas marinas.
Como consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) revocó la constancia de congruencia urbanística otorgada al proyecto y se deslindó oficialmente de cualquier trámite a favor de la empresa Promotora de Incentivos México, que actualmente mantiene el inmueble en obra negra sobre la costa, colindante con áreas naturales protegidas y sitios de anidación de tortugas marinas.
El caso fue promovido por DMAS ante el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cancún, dentro del expediente 952/2024. El fallo del juez fue contundente: otorgar el amparo a la organización civil y ordenar como efecto principal la demolición de la construcción, una acción sin precedentes en la zona por su impacto legal y ambiental.
La constancia urbanística ahora revocada fue emitida el 30 de octubre de 2023, y su anulación fue confirmada por documentos judiciales, en los que se consigna que el titular de Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, dejó sin efecto cualquier tipo de anuencia a favor del particular.
Proyecto en área crítica para tortugas marinas
La obra se ubica sobre la línea costera de Bahía Solimán, una zona limítrofe con la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, bajo jurisdicción federal, y muy próxima al Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, de competencia estatal.
Según ha documentado DMAS, la construcción ha invadido un espacio históricamente utilizado por tortugas marinas para anidar, desplazando esta actividad crucial para la especie. “Donde antes llegaban tortugas a desovar, hoy hay una mole de cemento en obra negra”, denunciaron.
“Celebramos esta sentencia histórica. Es una victoria jurídica y ambiental que marca un precedente para frenar el desorden urbano en Tulum”, declaró Antonella Vázquez Caedon, integrante de DMAS.
Impugnación en curso, pero sin respaldo estatal
Aunque la empresa desarrolladora impugnó el fallo a través de un recurso de revisión, el expediente se encuentra actualmente en manos de un Tribunal Colegiado de Circuito. Pese a ello, la revocación de permisos por parte de Sedetus perfila una retirada total de respaldo institucional al proyecto.
La sentencia sigue firme y el juicio ha entrado en su etapa final. Se espera que antes de un año se emita un fallo definitivo e inapelable, salvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida atraer el caso.
Más de 400 desarrollos en Tulum sin permisos ambientales
El caso ha puesto nuevamente bajo la lupa la situación crítica del desarrollo urbano en Tulum, donde se calcula que hay más de 400 desarrollos inmobiliarios irregulares, la mayoría de ellos orientados a la renta vacacional y construidos sin estudios de impacto ambiental ni cambios de uso de suelo.
De esos 400 proyectos, ni uno solo cuenta con autorización ambiental federal, de acuerdo con activistas y fuentes oficiales.
Con esta sentencia, DMAS y otras organizaciones ven una oportunidad para establecer un precedente legal que obligue a frenar el crecimiento inmobiliario ilegal y priorizar la conservación ambiental en uno de los ecosistemas más valiosos del Caribe mexicano.
