Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado informa que, en colaboración con su homóloga de Yucatán, logró la detención, en la ciudad de Mérida, de Andrés “N”, alias “Chivis”, considerado objetivo prioritario del Atlas Delictivo de Quintana Roo, por su posible relación en hechos probablemente constitutivos del delito de homicidio calificado en agravio de una víctima de identidad reservada, además de que es investigado por otros homicidios y por los ilícitos de secuestro y extorsión.
Los sucesos por los que un Juez de Control giró orden de aprehensión en contra de Andrés “N”, ocurrieron el 17 de octubre de 2022, cuando presuntamente vía telefónica le ordenó a un sujeto que ubicara el domicilio de la víctima, un masculino de nacionalidad beliceña, quien según él se dedicaba a robar en casas.
Luego de ubicar a la víctima, el investigado le dijo que fuera a buscar a otro sujeto, que le daría una motocicleta y armas para privar de la vida al beliceño; después de cumplir la orden le advirtieron que no hablara o le pasaría lo mismo.
Cabe mencionar que la Fiscalía tiene abiertas tres carpetas más de investigación para Andrés “N”, una por el homicidio de tres personas ocurrido el 2 de marzo de 2024, en la zona de invasión In House; la segunda carpeta es por el delito de secuestro en agravio de dos víctimas, el 25 de julio del año en curso, en un rancho ubicado sobre la carretera Cancún-Leona Vicario.
La última carpeta de investigación es por su presunta relación en el delito de extorsión en agravio de una persona de identidad reservada, a quien le exigió la cantidad de 50 mil pesos para dejarlo trabajar en su taller de aluminio.
Indagatorias hechas por la Policía de Investigación señalan que el mencionado, es uno de los principales generadores de violencia en la zona de invasión In House, además de que establecieron la relación de Andrés “N” en la desaparición de un masculino, quien se desempeñaba como taxista.
Tras ubicarlo en Mérida, fue aprehendido en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, para posteriormente trasladarlo al municipio de Benito Juárez, donde fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió, por lo que en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.
