Los gobiernos, por medio de sus vocerías, tomaron una costumbre de titular sus comunicados como si el Ejecutivo (Federal, Estatal o Municipal) fuese quien construye, otorga, beneficia, agasaja o realiza cualquier obra con su dinero, al titular “Construye Fulano(a) de tal Hospital comunitario”, “Alimenta Mengana(o) a la población”, entre muchos otros llamados de que la o el funcionario es un héroe.
Pues bien, ningún gobierno genera riqueza, a diferencia de las empresas particulares, los gobiernos viven de los impuestos de todos los ciudadanos, solo son administradores de la hacienda pública, la nómina sale del bolsillo de los contribuyentes, así que menos podrían tener la capacidad de hacer “obras” si no fuese por la participación del ciudadano con sus contribuciones, pago de derechos o el aprovechamiento de los bienes públicos.
Mi tesis, está fundamentada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde establece que “es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación, como de Ciudad de México o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
De dicho precepto constitucional se desprenden los denominados principios de justicia fiscal o tributaria a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones, tales como los de generalidad, obligatoriedad, destino al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria.
Esto quiere decir que para que el Estado pueda satisfacer las necesidades de la sociedad y realizar sus metas, proyectos, objetivos y finalidades de la justicia social y económica, es necesario que obtenga recursos suficientes y esto lo hace a través de la imposición obligatoria de contribuciones a cargo de los sujetos pasivos (gobernados).
Ahora bien, el dinero recaudado se destina a cubrir los gastos públicos y el presupuesto de la Federación, los Estados y los Municipios. Lo lamentable es que la mayoría de los gobiernos todavía siguen teniendo una nómina abultada, un gasto de representación y de operatividad muy elevado, que están establecidos como “capítulo 1000” y agrupa las prestaciones económicas, repercusiones por concepto de seguridad social y de seguros de vida, contribuciones y demás asignaciones derivadas de compromisos laborales, así como las previsiones para cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas, creación de plazas, en su caso, y demás medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos de cada Ente público.
El problema actual es el presupuesto público se maneja de manera discrecional, al arbitrio del Ejecutivo(a) y con la complacencia del Ente fiscalizador, bajo el escudo que fueron electos democráticamente y que son los representantes del pueblo, cuando la participación ciudadana no superó el 50 por ciento en el proceso electoral.
En este contexto, vienen los informes de gobierno de cada uno de los municipios de Quintana Roo, por ley, escucharemos “el estado que guarda la administración municipal”, o sea, las y los presidentes municipales nos informará en que se gastaron la millonada de pesos que les otorgamos los ciudadanos en este año, es decir, cuánto recaudaron, en qué se lo gastaron y a quién beneficiaron. Ahí se las dejo…
SASCAB
El viernes pasado, la Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo, María Cristina Torres Gómez, fue la encargada de entregar al Poder Legislativo el 3er. Informe de Gobierno de Mara Lezama Espinosa. Después de la rebatingas de palabras que se lanzaron los representantes de los grupos legislativos desde la tribuna, ella con su discurso calmó las aguas al decir que el trabajo para tener un mejor Quintana Roo lo debemos realizar unidos, en la competencia de cada una de las responsabilidades que mandata la ley. Tiene toda la razón. Al tiempo…
